En un verdadero ‘dolor de cabeza político’ se ha tornado la licitación para la extracción del litio, luego de una serie de polémicas generadas desde que se dio a conocer la participación de privados en el proceso y la ausencia de la estatal Codelco.
Esta semana se suma una nueva complicación para SQM, la empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, y dirigida por Patricio de Solminihac, hermano del ministro de minería. Según dio a conocer La Tercera, el Gobierno verificará si esta empresa que ganó la licitación transgredió las bases del proceso que le permitirá explotar el mineral durante los próximos 20 años.
Lo anterior debido a un reclamo interpuesto por una de las competidoras, que dio a conocer la existencia de litigios entre SQM y el Fisco que podrían ir contra las bases de la licitación, ya que existe un anexo que exigía la firma de los participantes confirmando no tener causas pendientes con el Estado de Chile.
El reclamo fue enviado al subsecretario de Minería, Pablo Wagner, quien confirmó que el requisito será revisado, pero indicó que la opción de invalidar la licitación depende de los tribunales y la interpretación que hagan. Además dio a conocer que SQM afirmó por escrito que no tenía conflictos e indicó que para el gobierno no es lo mismo un litigio contra el Fisco, como es el caso de la empresa, a un litigio contra el Estado.
Finalmente se dio a conocer que entre las causas contra el Fisco se encuentra una demanda de constitución de servidumbre legal para explotar caliche y otra por servidumbres mineras para instalar puntos de monitoreo en la Pampa del Tamarugal, junto con acciones pendientes contra la Dirección General de Aguas (DGA), según consigna La Tercera.
Cabe recordar que durante la semana la Sala de Cuentas de la Corte de Apelaciones de Santiago admitió examinar una petición tendiente a suspender licitación, tras acoger un recurso de hecho presentado por senadores de oposición. Además y sumado a las polémicas, los trabajadores sindicalizados de SQM denunciaron abusos laborales, prácticas antisindicales e inseguridad, evidenciada en 2010 cuando fallecieron 6 trabajadores por la explosión de un camión.
