Estimados Sres BioBioChile:

El día martes 7 del presente mes, a las 11:30 hrs, llevé a mi hija Marina (16) a urgencias con fuertes dolores abdominales. Como no tenía el RUT de mi hija (que es de origen Español), pagué el importe solicitado por la administración y después de una larga espera fue atendida en el Hospital Regional de Concepción.

Sobre las 16:00 hrs, el médico, al determinar que había menguado algo el dolor, extendió una receta y nos comunicó que ya podíamos marcharnos. Por la tarde, mi hija presentó un cuadro de vómitos y comenzó a subirle la fiebre. Luego, a las 11:00 hrs, la llevé nuevamente a urgencias con mucho dolor y fiebre.

Cuando pedí que la asistieran en urgencia, me indicaron que tenía que volver a pagar. Sorprendido les indiqué que primero atendieran a mi hija y que no entendía por qué razón debía volver a pagar. La respuesta fue sorprendente e indignante: “Me indicaron que no la atenderían si no efectuaba el pago”. Es decir, el Hospital Regional le negaba la atención a una menor de 16 años con dolor y fiebre alta al pago de un nuevo importe de 17.000 pesos (según la boleta que me emitieron), violando con esa actitud inmoral y repulsiva el derecho más básico de un menor (incorporado en la declaración de los derechos del niño y supongo que en nuestra constitución y legislación).

Hasta donde tengo conocimiento, ningún ciudadano puede negar el auxilio a otra persona que lo requiera, y menos aún, un hospital (además público), pues con ello viola las normas deontológicas más básicas de una institución de esa naturaleza.

No obstante, como no podía dejar a mi hija en ese estado, me vi en la obligación de efectuar el pago para que fuera atendida. La atención fue deplorable, no por el personal sanitario (que trabaja en condiciones infrahumanas), sino por la falta de recursos y, sobre todo de personal, lo que hace el trato indigno e inhumano). Las personas no pueden ser atendidas de una forma mínimamente aceptable, pues hasta donde pude constatar, el personal sanitario va sobresaturado y con un grado de tensión que merma su efectividad y eficiencia, mientras los pacientes sufren las consecuencias con total indefensión. ¿Cómo puede haber una sola enfermera para atender toda la urgencia?. Eso nos indicó el personal paramédico, que sólo había una enfermera y que no podían hacer nada para menguar el dolor y/o atender a la enorme cantidad de pacientes que había ese día.

Mientras acompañaba a mi hija e intentaba que la atendieran después de una larga espera (como les sucedía a otros muchos pacientes), una persona sufrió una crisis y estuvo alrededor de diez minutos sin ser atendido, a tal punto, que tuvieron que reanimarlo para evitar que falleciera.

En aquellos momentos un indignado acompañante de una paciente filmó aquel reprochable incidente con la intención de denunciar a través de las redes sociales y otros conductos el dantesco y miserable espectáculo.

La indignación aumentó cuando un guardia del hospital con prepotencia se acercó a nosotros para obligarnos a salir del sitio en el que acompañábamos a nuestros familiares. Nuestra negativa fue rotunda hasta no asegurarnos de que las personas que acompañábamos fueran debidamente atendidas.

Sólo en ese momento, cuando el ambiente se tensionó, apareció la enfermera para ocuparse de nuestros familiares que estaban con dolor, cansados e indignamente tratados. Sin duda, desde mi perspectiva, la grave situación que a diario se vive en el servicio de urgencias del Hospital Regional de Concepción no es imputable al personal sanitario, sino a la negligencia de los responsables que no resuelven la carencia de infraestructura y, sobre todo, de personal.

¿Qué se pretende con esta negligencia en la directiva?, ¿acaso desean externalizar servicios u obligar a los ciudadanos optar por el servicio privado y seguir sufriendo abusos para que nuestra legislación continúe siendo legalmente inmoral?

En lo que a mi hija se refiere, recibió un trato indigno como si fuese una consumidora y no una paciente menor de edad.

Como padre de esa niña tratada como consumidora, manifesté a la persona que me atendió que no habían hecho bien su trabajo y por eso tuve que volver, de forma que el cobro por algo mal hecho es un abuso.

Como ciudadano, les reprocho su actitud inmoral que vulnera los derechos humanos más básicos. Como consumidor, de acuerdo al trato recibido por el Hospital Regional de Concepción, presenté mi reclamación al Sernac.

Mi hija, como ciudadana Española, espero que haga la denuncia al Consulado Español, a los organismos pertinentes de la Unión Europea y a las asociaciones de derechos del menor y de derechos humanos. Yo seguiré hasta el final con esta denuncia para que jamás vuelva a suceder algo así y les reclamo:

1.- La devolución del importe de una de las dos boletas pagadas. Aunque es lo menos relevante, me lo planteo como una cuestión de principios.

2.- Las disculpas públicas a mi hija y a mí mismo por su inmoral y reprochable trato, así como su deplorable servicio.

Estudio, mientras tanto, la viabilidad de establecer una demanda judicial, aunque mi principal preocupación en este caso, de no mediar una respuesta inmediata a mis peticiones, es denunciar públicamente este reprochable suceso e internacionalizar en la Unión Europea y Organismos internacionales de DD.HH. esta inmoral conducta.

ATTE
Eduardo Troncoso Monroy

RUT 7327***-*