La Cámara de Diputados italiana, dominada por la mayoría de derecha y ante la presencia de todos los ministros, adoptó el martes una resolución para evitar que Silvio Berlusconi sea juzgado por el tribunal de Milán (norte) por prostitución de menor y abuso de poder, un último recurso para intentar salvar al jefe de gobierno.

La Cámara de Diputados, con 12 votos a favor, aprobó una disposición para “señalar un conflicto de atribución” en el caso conocido como “Rubygate”, cuya primera audiencia ha sido fijada para el miércoles, y pedir que el asunto quede a cargo del tribunal de Ministros.

La justicia italiana fijó el 6 de abril como fecha de apertura del juicio al jefe de gobierno Silvio Berlusconi por prostitución de menor y abuso de funciones en el escándalo sexual conocido como Rubygate, un caso que ha desgastado a su mediática personalidad.

Berlusconi, de 74 años, es acusado de haber pagado los servicios sexuales de Ruby, apodo de la joven marroquí Karima el Mahrung, cuando tenía 17 años, y por haber intervenido ante la policía de Milán (norte) para que la liberaran, después de que fuera detenida por robo la noche del 27 de mayo.

La resolución votada por los diputados invita a la Corte Constitucional a dirimir la controversia judicial, aunque no evita la apertura automática del juicio.

Durante la primera audiencia, los jueces deberán decidir la suspensión o no del proceso a la espera de una respuesta definitiva de la Corte Constitucional.

La propuesta de la Cámara de Diputados suscitó un duro debate en el Parlamento, ya que la derecha conservadora considera que los jueces de Milán no son competentes para juzgar a Berlusconi y que el caso debe pasar al tribunal de Ministros, un colegio de magistrados formado para la ocasión.

Para la mayoría conservadora, Berlusconi estaba convencido de que Ruby era “la sobrina del entonces presidente egipcio Hosni Mubarak” y quería mantener las buenas relaciones con ese país cuando intervino personalmente ante la policía para que fuera liberada por un presunto robo.

Los abogados del jefe de gobierno, la mayoría parlamentarios, confirmaron a la AFP que su cliente no se presentará a la audiencia del miércoles, por lo que se limitará a fijar una nueva fecha.

“Podría ser fijada para mayo”, reconoció uno de los abogados, el cual no descarta que se pida la suspensión del juicio hasta que la Corte Constitucional se pronuncie.

La oposición de izquierda protestó contra la decisión parlamentaria y programó una manifestación en el centro de Roma para este martes en la noche contra “las leyes a medida” del multimillonario primer ministro que concibe el Parlamento.

“Hemos asistido hoy a otra página penosa de nuestra historia”, se lamentó Dario Franceschini, representante en la Cámara de Diputados del Partido Democrático (izquierda).

“Da vergüenza que un ministro de Relaciones Exteriores, en plena crisis internacional como la que atravesamos, pase el día en el Congreso defendiendo al jefe de gobierno de sus líos judiciales”, dijo.

Según la prensa italiana, la Corte Constitucional tomará una decisión en octubre sobre el recurso presentado por los diputados.

En caso de que lo acepte, se tomará de nuevo al menos dos meses para analizarlo, es decir que se pronunciará en febrero o marzo del 2012.

Si el caso pasa al Tribunal de Ministros, la montaña de actas acumuladas, vídeos, escuchas telefónicas, testimonios, serán anuladas y los diputados deberán autorizar que Berlusconi sea juzgado, lo que resulta poco probable.