Contraloría será la encargada de visar las nuevas bases de la licitación que determinará a la empresa encargada de demoler el edificio Alto Río. Esto luego que la consultora Jorquera reclamara su derecho a continuar la demolición que comenzó tras el terremoto; trabajos que el Gobierno asegura no le corresponden.

Al menos molestos se manifestaron los representantes de la Consultora Jorquera, empresa que hace exactamente un año, en el marco del Estado de Excepción, se adjudicó la demolición del edificio Alto Río y que según ellos, el Gobierno actualmente desconoce.

Una licitación posterior que realizó el Ministerio de Obras Públicas, les quitó los derechos, proceso que posteriormente con el reclamo de la consultora Jorquera quedó suspendido, y en el que hoy intervendrá Contraloría que debiera poner en regla el trámite.

Carlos Cariola, gerente de Operaciones de Jorquera asegura que el 5 de marzo del año pasado el general Guillermo Ramírez, Jefe de Zona en Estado de Excepción, ordenó por medio del mayor de Ejército, Manuel Herrera, la demolición de Alto Río. Esto, vía contrato a viva voz por un costo de 200 millones de pesos.

El 7 de marzo la fiscal Ximena Hassi pidió suspender el proceso de demolición y desde ahí Cariola asegura que no tienen ninguna definición.

Pese a esto, el Gobernador de Concepción e Intendente subrogante, Carlos González, afirmó que la empresa Jorquera realizó el trabajo que le fue encargado y luego cancelado, el que no consistía en la demolición completa. Además, informó que se realizará un proceso nuevo de licitación luego que la Contraloría apruebe las bases.

Carlos Cariola y la Consultora Jorquera, preparan la demanda contra el Gobierno por no respetar el acuerdo bajo el estado de excepción, mientras el edificio alto río sigue sin demolición alguna, sin remoción de escombros y por más de un año desde el terremoto siendo la postal emblemática de la catástrofe que enlutó a sus propietarios.