Una serie de organizaciones sociales presentaron a la Contraloría Regional de Aysén una solicitud de pronunciamiento sobre el supuesto conflicto de interés en que habrían incurrido las municipalidades de Coyhaique, Aysén y Cochrane ante la incompatibilidad entre ser organismos evaluadores y a la vez receptores de fondos de empresas evaluadas.

Esto en relación a acuerdos que habrían pactado con representantes de proyectos hidroeléctricos en la zona, por lo que están solicitando que se determine qué ocurre con recursos recibidos en tales condiciones, la legalidad de los informes técnicos eventualmente emitidos y que la Contraloría establezca posibles sanciones a los responsables

El dictamen que el organismo emitió el 5 de marzo de 2010 requirió a los municipios de la Región de Aysén “abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia de que se trata”.

Dos de las presentaciones realizadas en julio de este año fueron suscritas por el diputado PPD de la región René Alinco y por el dirigente de la pesca artesanal Honorino Angulo, solicitando fiscalizar el trabajo de la Municipalidad de Aysén. Una por el director de Codeff Aysén, Peter Hartmann, requiriendo lo propio con respecto de la Municipalidad de Coyhaique.

La cuarta solicitud fue realizada por el presidente de la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia Marco Antonio Díaz, dirigida ésta a la labor de la Municipalidad de Cochrane.