Polémica provocó la decisión de parlamentarios que integran la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados que solicitaron la remoción inmediata del embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, por su vinculación con la Operación Cóndor.
La petición de un grupo de diputados de la comisión de derechos humanos de pedir la salida del representante chileno en Panamá provocó reacciones en el Gobierno.
Uno de ellos fue el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, quien junto con subrayar que todos están obligados a responder ante los tribunales, sostuvo que el tema de los derechos humanos no es exclusivo de un sólo sector del país.
El embajador chileno deberá comparecer ante los tribunales por una petición de abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior por su vinculación en la Operación Cóndor.
Ante este panorama, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, criticó lo que calificó la tramitación excesiva de algunas causas.
Mientras, diputados de la Alianza que integran la comisión de derechos humanos de la Cámara criticaron que la petición hecha por la instancia se planteara que fue de forma unánime cuando no estaban en la sesión.
Así lo señaló la diputada Karla Rubilar.
Rubilar criticó directamente al presidente de la comisión de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, quien dijo ha politizado el trabajo de la instancia.
Sin embargo, otro integrante de dicha comisión, el socialista Sergio Aguiló, insistió en los argumentos para emplazar al Gobierno a que saque de su cargo de embajador a Alberto Labbé.
El actual embajador de Chile en Panamá deberá declarar en calidad de inculpado en el caso Operación Cóndor.
Según la investigación aparece involucrado al ex agente Enrique Arancibia Clavel, mientras se desempeñaba como funcionario de la embajada de Chile en Buenos Aires en el mismo periodo del asesinato del general Carlos Prats.
