El ministro recién designado para investigar procesos por ejecutados políticos, Mario Carroza, reconoció que podría pedir la ayuda de otro juez para esta tarea.
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El pleno de la Corte Suprema, nombró a este magistrado para asumir todas las causas nuevas por violaciones a los derechos humanos, que se interpongan de aquí en adelante.
Su designación coincidió con la presentación de 100 querellas, de 1.071 anunciadas, por casos de ejecutados políticos que aún no están siendo investigados.
Carroza, que asumió de inmediato estos procesos, apuntó que el acuerdo de la Suprema que lo mandata, incluye la posibilidad de aumentar el número de ministros especiales.
Según las estadísticas del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, a la fecha hay 1.487 ejecutados políticos sin proceso judicial vigente y 482 detenidos desaparecidos en igual situación legal.
Estos mismos datos suman que en total las víctimas de la dictadura, entre homicidios y secuestros calificados, fueron 3.186 personas.
