Una acusación constitucional contra el intendente de la Región de O’Higgins, Héctor Huenchullán, esperan impulsar parlamentarios de la UDI, luego de la polémica generada por la denuncia de intervención electoral que efectuaron los diputados Esteban Valenzuela y Jaime Mulet.

A juicio del diputado por Rancagua, Alejandro García-Huidobro, el jefe del Gobierno Regional tendría plena responsabilidad en el envío de un e-mail por parte de Sara Romero, secretaria regional de la DC, a los seremis y los jefes de servicio de ese partido, en que se pidió información de los programas de gobierno y de sus beneficiarios para una reunión política del falangismo.

Una medida que procede según las conclusiones del primer informe que pidió el gremialismo a sus asesores jurídicos, según detalló el parlamentario.

La herramienta de la Cámara de Diputados para detectar responsabilidades políticas aún no es considerada por uno de los denunciantes, el presidente del PRI, Jaime Mulet

Mientras la investigación que inició el fiscal jefe de Rancagua, Luis Toledo, avanza, lo propio hace la indagación de la Contraloría Regional encabezada por Mario Quezada, quien habría ordenado por oficio abrir un sumario administrativo que deberá aclarar si el envío del e-mail citando a la reunión y la reunión misma, vulneran las normas de probidad.