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El secreto bancario en Chile, que protege la privacidad financiera de los clientes, puede ser levantado bajo ciertos supuestos legales, con autorización de un tribunal, por entidades como el Ministerio Público, la CMF, el SII y la UAF. El Gobierno ha emplazado a la oposición para levantarlo en casos de nexos entre narcotráfico y políticos. Actualmente se discuten dos proyectos: el de Cumplimiento Tributario, que busca agilizar acceso del SII a información bancaria, y la Creación del Subsistema de Inteligencia Económica, que permitiría a ciertas entidades intercambiar información financiera sujeta a secreto sin autorización judicial, ambos en trámite constitucional en el Senado.

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El secreto bancario consiste la obligación de los bancos de mantener la confidencialidad de la información financiera de sus clientes. Se trata de una norma que busca proteger la privacidad de las personas, sin embargo, no es absoluto.

Actualmente, según explica la Biblioteca del Congreso Nacional, la información protegida se puede levantar bajo ciertos supuestos legales. Las entidades que pueden solicitar que se levante el secreto bancario son el Ministerio Público, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), y la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Eso sí, todos deben contar con la autorización de un tribunal.

Durante las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el levantamiento del secreto bancario en el país. Desde el Gobierno emplazaron a la oposición a apoyar esta medida, como un medio para combatir los nexos entre narcotráfico y personalidades del mundo político.

Lo cierto es que, si bien en Chile es posible levantar el secreto bancario bajo algunas causales, esto puede ser un proceso lento y burocrático, lo que en ocasiones puede mermar los esfuerzos de ciertas investigaciones. Esto, ya que la autorización de un juez puede tomar tiempo en concretarse.

Al respecto, existen dos proyectos que actualmente abordan el acceso a la información financiera en el marco de la investigación por posibles delitos.

Proyecto de Cumplimiento Tributario y secreto bancario

El primer proyecto, consiste en el cumplimiento tributario. Es de autoría del Ministerio de Hacienda y faculta al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que acceda de manera expedita a información sujeta a secreto bancario, para controlar la evasión y la elusión.

Originalmente, el proyecto planteaba que debe ser el contribuyente quien argumente el porqué el SII no debería acceder al detalle de sus cuentas bancarias. En concreto, desde Hacienda se planteó que se haría una “Modificación al procedimiento de levantamiento del secreto bancario de forma que sea el contribuyente quien deba oponerse a través de un procedimiento judicial especial”.

Es decir, se invierte la carga probatoria en el marco de las investigaciones. Recordar que, actualmente, si el titular de la cuenta se niega a su entrega, el banco no puede entregarla a menos que exista una resolución judicial a favor del SII.

Este proyecto sufrió importantes cuestionamientos en el Congreso, por lo que se optó por mantener el mecanismo vigente (de tener que acudir a un tribunal previamente). Eso sí, en casos más graves, como la investigación de delitos de elusión, sí se podría acceder sin el consentimiento del contribuyente necesariamente.

Según consignó DF, es probable “que se mantenga el procedimiento hoy vigente, pero se regulen de mejor manera los plazos de respuesta de los tribunales para así agilizar el rechazo o aprobación del acceso a las cuentas financieras”.

Cabe señalar que este proyecto (Boletín 16621-05) se encuentra en Segundo Trámite Constitucional en el Senado, donde es probable que sea analizado por una comisión técnica.

Creación de Subsistema de Inteligencia Económica

Entre otras cosas, este proyecto entrega nuevas atribuciones de fiscalización a la Comisión para el Mercado Financiero y la Unidad de Análisis Financiero, mediante la creación del Subsistema de Inteligencia Económica. En concreto, se ajustan sus facultades para que puedan acceder a información sujeta a secreto y reserva bancaria sin necesidad de autorización judicial.

Según explicó el Senado a fines del año pasado, este proyecto “establece una serie de medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, permitiendo así perseguir ‘la ruta del dinero’”.

En concreto, se permite que los miembros del Subsistema de Inteligencia puedan intercambiar entre ellos información sujeta a secreto bancario. Según plantean las últimas indicaciones al proyecto (Boletín: 15975-25) este estaría integrado por la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas, los dos últimos a través de sus Unidades de Inteligencia y Análisis Económicos.

Se espera que en los próximos días se den más negociaciones sobre este proyecto entre la oposición y oficialismo, el cual aún se encuentra en Primer Trámite Constitucional en el Senado.