Cada cierto tiempo, el país vuelve a enfrentarse a un diagnóstico que, aunque necesario, resulta dolorosamente habitual: el sistema de protección de la niñez no está funcionando como debería.
El reciente informe elaborado por la “Mesa por la Niñez” de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados no hace más que confirmar una realidad que se arrastra hace años, pero que sigue esperando respuestas efectivas.
El valor de este informe es innegable. No se trata de una mirada aislada ni de conclusiones apresuradas. Es el resultado de más de un año de trabajo, con participación de autoridades, expertos, organizaciones sociales e incluso jóvenes que han vivido el sistema desde dentro. Su carácter transversal le otorga, además, una legitimidad política que pocas veces se logra en materias tan sensibles.
Pero precisamente por eso, su mayor riesgo es transformarse en lo que tantos otros documentos han sido antes: un buen diagnóstico que no logra traducirse en acción.
El informe es claro en advertir un sistema tensionado, con una oferta colapsada, listas de espera y graves falencias de coordinación entre instituciones. Salud, educación, consumo problemático de drogas y acompañamiento a egresados aparecen como eslabones débiles de una cadena que debiera funcionar de manera integrada, pero que hoy opera fragmentada.
Sin embargo, hay un aspecto particularmente crítico que no puede seguir siendo abordado desde una lógica equivocada: la presencia de niños, niñas y adolescentes con graves problemas de salud mental en dispositivos que no están diseñados para tratarlos.
No se trata de niños “de cuidado” en el sentido tradicional del sistema de protección, sino de casos que requieren atención psiquiátrica especializada, planes clínicos adecuados y espacios terapéuticos que hoy simplemente no existen en cantidad ni en calidad suficiente.
La consecuencia es evidente: el sistema termina intentando contener situaciones que no puede resolver, profundizando la vulneración en lugar de revertirla.
A ello se suma otro punto especialmente sensible: la persistencia de niños y niñas, (incluso menores de tres años) viviendo en residencias, pese a que la legislación prioriza su desarrollo en entornos familiares. La falta de familias de acogida no es solo un problema de voluntad, sino de estructura, financiamiento e incentivos adecuados. Es, en definitiva, el reflejo de un sistema que no ha logrado alinearse con sus propios principios.
El informe también evidencia inequidades en el financiamiento y una débil articulación institucional. Y ahí está, probablemente, uno de los nudos más complejos: no basta con mejorar programas aislados si no se corrige la lógica sistémica que sostiene el modelo.
Por eso, el llamado que surge de este trabajo no puede quedarse en la constatación. La política tiene la obligación de dar el siguiente paso. La nueva administración, junto con el nuevo ciclo legislativo que está comenzando, enfrentan una oportunidad y una responsabilidad ineludible: transformar este diagnóstico en decisiones y acciones concretas. Eso implica priorizar recursos, ajustar marcos regulatorios, fortalecer la coordinación interinstitucional y, sobre todo, asumir que la niñez no admite más dilaciones.
Porque detrás de cada cifra, de cada lista de espera o de cada brecha detectada en un informe, hay niños, niñas y adolescentes cuyo desarrollo no puede seguir dependiendo de la lentitud del Estado.
P. Enrique Opaso
Capellán
Refugio de Cristo
Francisco Avello
Socio Director
Acierta Consultores
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