El sistema de pensiones chileno, instaurado en 1981, fue pionero al reemplazar el antiguo modelo de reparto por uno basado en la capitalización individual. La promesa era clara: sostenibilidad financiera y mayor autonomía para los trabajadores. Sin embargo, más de cuatro décadas después, los resultados distan de lo esperado.
El debate previsional se ha instalado con fuerza en la agenda pública, impulsado por cifras que evidencian brechas significativas. Un estudio reciente de la Superintendencia de Pensiones (2024) muestra que los nuevos pensionados han cotizado, en promedio, poco más de la mitad de su vida laboral. La baja densidad impacta de lleno en las pensiones: el 55,5% de los jubilados actuales cotizó 20 años o menos, lo que limita severamente su capacidad de autofinanciar una jubilación adecuada.
Las interrupciones en las cotizaciones, conocidas como lagunas previsionales, son uno de los principales factores detrás de las pensiones insuficientes. Este problema golpea con especial fuerza a las mujeres, debido a trayectorias laborales más interrumpidas, menor participación en el mercado formal y responsabilidades de cuidado no remuneradas.
Entre los pensionados entre 2015 y 2022, el 73% de quienes cotizaron menos de seis años son mujeres, mientras que solo un 13% de quienes lograron más de 40 años pertenece a este grupo. En la práctica, esto se traduce en pensiones que cubren apenas un 11% del sueldo promedio en el caso de ellas, frente a un 27% en los hombres. La Pensión Garantizada Universal (PGU) ha contribuido a reducir esta brecha, pero no logra eliminarla por completo.
La implementación de la PGU ha sido un avance importante, aunque también evidenció las limitaciones de un modelo basado solo en la capitalización individual. La reciente Reforma a las Pensiones busca corregir estas falencias mediante un aumento en la cotización y la incorporación de un componente solidario que compense las lagunas previsionales. Sin embargo, su implementación plena está proyectada recién hacia 2033.
En este escenario, el Ahorro Previsional Voluntario (APV) surge como una herramienta inmediata y concreta para mejorar las pensiones, en particular para quienes han enfrentado interrupciones laborales.
Este mecanismo permite realizar aportes adicionales con beneficios tributarios que pueden traducirse en un aumento significativo en la pensión futura. Por ejemplo, una persona que comienza a aportar $100.000 mensuales en APV desde los 47 hasta los 65 años podría incrementar su pensión en más de $150.000 mensuales, dependiendo de la rentabilidad del fondo y el régimen tributario elegido.
El APV no solo entrega beneficios tributarios. También permite acceder a fondos con costos menores que pueden rendir hasta un 3% más al año que la alternativa tradicional. Esa diferencia, gracias al interés compuesto, genera montos relevantes a largo plazo. Una inversión inicial de $1.000.000 en un fondo mutuo accionario APV podría superar en más de $200.000 la rentabilidad de una serie convencional en cinco años, y en más de $700.000 en un horizonte de diez.
Las lagunas previsionales seguirán afectando con fuerza las pensiones, especialmente en mujeres y trabajadores con trayectorias discontinuas. Mientras las reformas estructurales avanzan lentamente, el APV ofrece hoy una vía efectiva para que los trabajadores tomen el control de su futuro previsional.
Leonardo Carmona
Head of Research en Zurich Chile
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