El Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación lanzó la campaña “En Lugar de Violencia: Respeto”, cuyo foco sería erradicar la discriminación y acoso virtual hacia niños y adolescentes identificados trans.

Además de enlaces a programas, normativas contra la discriminación y un glosario de conceptos, lo nuevo es un video de un minuto de duración: dibujos de niños abrumados e imágenes de transactivistas adultos, invitando a responder y denunciar los “comentarios de odio” que recibirían los menores en redes sociales.

La directora del Observatorio dependiente de la Segegob, la historiadora Carmen Luz Morales, publicó una breve columna de opinión en Bío-Bío sobre la campaña, asegurando que “la niñez trans existe, pese a que ciertos sectores pretendan negarlo”, y que frente al “avance acelerado de los discursos de odio y la desinformación en redes sociales” se necesita “instaurar un mecanismo judicial más rápido y eficaz para sancionar actos discriminatorios arbitrarios”.

Primero que todo, resulta preocupante que una cartera encabezada por la comunista Camila Vallejo, tantas veces confrontada por distorsionar hechos, insista en su pretensión de control mediático.

Pero, lo más grave es la impugnación de Morales: ¿quiénes son aquellos que dirigen comentarios de odio hacia menores de edad? ¿Alguien en sus cabales podría estar detrás de tan maliciosa ocupación? El asunto comienza a tornarse vago cuando al odio se le une el otro criterio, el de la desinformación.

Sería deseable que el Gobierno comunique en forma más transparente. Esta campaña incluye un enlace al cuestionado programa “Crece con Orgullo” o PAIG. Entonces, si los “discursos de odio” se refieren a quienes buscamos alternativas al modelo de atención en salud, sería bueno aclararlo.

Acá lo que está en cuestionamiento no es la existencia de los niños y adolescentes que exploran su identidad o se alejan de los estereotipos asignados a su sexo: es la calidad de salud que reciben, y la coherencia del adjetivo trans que se les está adjudicando. Las normativas, adjetivos y conceptos cambian, pero las personas no dejan de existir en el proceso.

Mientras esto sucede con las autoridades chilenas, el gobierno laborista inglés (centroizquierda) prohibió el uso de bloqueadores puberales a menores de 18 años, dados los riesgos inaceptables de dicho tratamiento y su baja calidad de evidencia científica.

Pero, el programa de salud pública chileno “Crece con Orgullo” deriva a menores desde los diez años a ese tipo de procedimiento.

Por otra parte, el Gobierno y 42 diputados de nuestro país presentaron dos requerimientos que buscan reponer fondos para tratamientos hormonales y cirugías infantojuveniles. La doctora Hilary Cass, señaló en su Informe que se requiere cautela con las transiciones sociales (cambio de nombre, pronombre y vestimenta) a temprana edad, lo cual pone en duda cualquier criterio estático sobre lo trans.

Esa es la discusión de verdad, no una campaña que concentra poder y activismo para desviar la atención.

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