Los últimos eventos han demostrado (una vez más) que no estamos preparados para enfrentar los desastres. Si bien hemos avanzado en materia de terremotos y logramos contar con una norma de construcción sismo resistente; frente a otras amenazas hemos sido un desastre como país.
Los incendios forestales – que se transforman en estructurales – son algo nuevo en Chile. El 12 de abril del 2014, un gran incendio forestal/estructural quemó 2.900 viviendas, donde fallecieron 15 personas.
Al año siguiente, nuevamente un incendio forestal afectó a la misma zona, esta vez con menos fuerza. El 2 de enero del 2017, otro incendio forestal volvió a impactar a la región de Valparaíso, quemando más de 200 viviendas. Y este 2024 se produjo el incendio forestal/estructural más grande la historia de Chile con más de 6.000 viviendas quemadas y más de 130 personas fallecidas.
¿Por qué, después de todos estos eventos desastrosos, seguimos teniendo el mismo nivel de impacto y afectación? ¿Qué es lo que se esta haciendo mal, o no se está haciendo?
La ley 21.364 que crea la nueva SENAPRED y todo un sistema de prevención y repuesta ante desastres, obliga a los municipios a construir planes de reducción de riesgo de desastres y planes de emergencia comunales. Esto, con la finalidad de que los gobiernos locales cuenten con instrumentos que les permitan prevenir y prepararse ante desastres, mitigando los impactos y, por sobre todo, evitar el fallecimiento de personas.
Si bien, estos planes debían ser entregados el 7 de agosto del año 2023, a la fecha, sólo 8 de los 345 municipios han entregado y aprobado sus planes, lo que podría interpretarse como un incumplimiento a la ley y una falta de prioridad frente a la gestión.
Si bien la ley los obliga a realizar dichos instrumentos, como muchas de leyes en nuestro país, esta ley no cuenta con financiamiento, por lo que agrega una nueva responsabilidad a los municipios, pero no le entrega los fondos necesarios para poder cumplirla.
Ahora, si consideramos que un 70% de las regiones de nuestro país tienen más del 80% de su territorio rural y por ende, la gran mayoría de las comunas de nuestro país son rurales, es lógico pensar que el presupuesto que administran anualmente no es suficiente para poder realizar todas las obligaciones que tienen frente a su comunidad: salud, educación, medio ambiente y por supuesto, responder frente a emergencias.
Es por esto, que la ley 21.364 crea un fondo al cual los municipios pueden postular para optar a financiamiento de estudios, obras o acciones que les permitan avanzar en la reducción del riesgo de desastres.
Sin embargo, el presupuesto de este fondo para el año 2024 es de sólo $10.000, es decir, en una división simple, cada comuna sólo cuenta con $29 pesos para trabajar en estos temas.
Frente a esta situación, es imposible que los municipios puedan construir sus planes y menos, que puedan contar con las capacidades necesarias para poder responder de manera eficiente, eficaz y oportuna frente a situaciones de desastres.
El proyecto de ley sobre incendios forestales (que está desde el año 2017 en discusión en el Congreso), nuevamente les agrega a los municipios la responsabilidad de elaborar planes para evitar situaciones como las vistas en Valparaíso, bajo el apercibimiento de sanciones frente a su incumplimiento, pero no especifica la entrega de recursos para su elaboración.
Bajo estas condiciones, es urgente que el Estado comprenda que los municipios no pueden seguir funcionando bajo leyes que los obliguen a responder frente a desastres, sin entregarles el apoyo necesario para esto.
Es cierto que, en situaciones de desastres, la billetera de Chile se abre y se destinan los fondos necesarios para superar la emergencia, pero en “tiempos de paz” el presupuesto para prevención, preparación y mitigación del riesgo de desastres se reduce a $10.000, algo sinceramente insólito.
