Ya ha pasado la elección de consejeros constitucionales, y el Partido Republicano obtuvo la representación del 45% del consejo. Este resultado ha generado que, inevitablemente, el conglomerado quiera hacer valer sus posturas en los diferentes temas, dentro de los cuales está bajar los impuestos. Esto va en clara contradicción con las pretensiones del gobierno.
En primer lugar, bien o mal gastados, los recursos actuales del presupuesto son los que el gobierno considera para el desarrollo de distintos tipos de políticas públicas en salud, educación, vivienda, etc. Por ende, ante un eventual recorte de impuestos, en primera instancia (mientras se esperan ver los posibles efectos positivos de una eventual baja de impuestos), el gobierno se vería obligado a contraer deuda.
Ya hemos señalado en anteriores columnas que se puede aumentar la recaudación con una baja de impuestos haciendo crecer la base de cálculo del impuesto, pero para ello es necesario generar una serie de situaciones que aumenten las confianzas de quienes quieren invertir acá.
Planteamos el tema en una columna del año pasado, referida a Uruguay. Ese país tomó una serie de medidas que permitieron recuperar la confianza de los inversionistas y ahora estar discutiendo una baja de impuestos. Por esto, debemos tener en cuenta que la baja de impuestos no es mágica por sí sola.
Lo primero que se debe realizar es generar las condiciones para que la seguridad pública se recupere, algo que ya ha dicho el presidente de la CPC. Esas son condiciones necesarias para ir recuperando la confianza de los inversionistas, es decir, generando el contexto adecuado para que éstos quieran venir a invertir. Para nadie es atractivo invertir en un país que está realizando reformas tributarias cada dos años.
Hay un instrumento que permitió la llegada de muchos capitales extranjeros, pero que lamentablemente perdimos con la nefasta reforma tributaria del 2015, bajo el segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet. Nos referimos al Decreto Ley 600.
El DL 600, instrumento establecido en 1974, era un régimen voluntario que permitía a los inversionistas extranjeros que ingresaran a nuestro país capitales, bienes físicos u otras formas de inversión, solicitar la suscripción de un contrato de inversión extranjera con el Estado de Chile. Este contrato les entregaba derechos y obligaciones a ambas partes y no podía ser modificado o dejado sin efecto de manera unilateral.
Entre sus atribuciones, el DL 600 garantiza al inversionista el acceso al mercado cambiario formal, tanto para liquidar las divisas constitutivas del aporte de capital como para adquirir las divisas a remesar por concepto de capital o utilidades. Asimismo, se posibilita remesar el capital una vez transcurrido un año desde su ingreso, con el objeto de estimular la inversión en sectores productivos y de servicios.
El Decreto Ley 600 permitió que la inversión extranjera complementara fuertemente la inversión nacional, permitiendo que el país tuviera un crecimiento sostenido más allá del precio del cobre.
Durante casi cuatro décadas, la exitosa política para incentivar la inversión extranjera estuvo sustentada básicamente en dos pilares: la certeza y seguridad jurídica y el principio del trato nacional, esto es, la no discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros. Lo anterior generó un círculo virtuoso de crecimiento, más trabajo y mejoramiento progresivo de sueldos.
Ayer se conoció que Chile retrocedió desde el 2018 29 puestos en el ranking de países más atractivos para la inversión minera, quedando en el lugar 35 de 62 países, por debajo de 𝗠𝗮𝗿𝗿𝘂𝗲𝗰𝗼𝘀, 𝗘𝗰𝘂𝗮𝗱𝗼𝗿, 𝗣𝗲𝗿𝘂́ y la provincia de 𝗦𝗮𝗻 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗲𝗻 𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮.
Hoy que se discute y un aumento del royalty, se debe tener en cuenta que el inversionista estará siempre dispuesto a pagar impuestos si el proyecto le es rentable y se le aseguran los riesgos de los mismos.
Sin duda, un instrumento similar a éste, más una cláusula de invariabilidad tributaria, pueden generar certezas jurídicas a los inversionistas, ya que se les asegura contra riesgos. Si esto no ocurre, por muy rentables que sean los proyectos, difícilmente se decidirán a invertir.
El tiempo, las cifras de crecimiento y de inversión en el país han demostrado que la derogación de este instrumento fue un error. Además, sumado a los efectos en la seguridad pública de la fiebre octubrista del 2019, se generó un cóctel muy amargo con profundas consecuencias en el tejido social y económico del país.
Lo más irónico es que, cuando se justificó la derogación de este instrumento de inversión, se fundamentó en “la estabilidad económica, social y política y en una eventual consolidación democrática del país”. Hoy no tenemos ni estabilidad política, social y menos económica.
