Es muy habitual que el legislador actúe de buena fe y busque, por medio de una norma, mejorar algún problema social que enfrentamos. Pero la buena política pública, no se basa solo en la buena fe, se debe ceñir a contribuir en el largo plazo a un mayor bienestar de los ciudadanos.
En ese sentido, la reforma previsional propuesta por el actual Gobierno, es un gran ejemplo de buena fe, pero no de una buena política pública.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de informalidad laboral en el país es cercana al 30%, lo que equivale a cerca de 2.400.000 trabajadores. Es decir, prácticamente uno de cada tres ocupados está trabajando de manera informal en Chile, siendo esto aún más preponderante en mujeres.
Para mejorar las pensiones, siempre será mejor tener un mejor empleo y un mejor salario. Por ello, la política vía norma debería buscar aumentar la relación beneficio-costo de formalizar el trabajo; aumentar los beneficios de ejercer un empleo formal, especialmente cuando los ingresos laborales son bajos; entregar beneficios y ayudas sociales en función de probar la existencia de la realización de un trabajo formal.
Por el contrario, pasar un 6% a un fondo colectivo que paga el empleador, a quien se le aumenta la carga de gasto y que a su vez este dinero se traspase a un universo de trabajadores, sean estos formales o no, parece más bien regresivo. Prácticamente, es un nuevo impuesto que dolerá en mayor medida a las pymes y a los mismos trabajadores.
Erra cualquier Gobierno que piense que se fortalece un sistema perjudicando al mercado laboral. Es evidente que, en un contexto de apriete económico, los empleadores tendrán menor margen para aumentar salarios, disminuirán las posibilidades de nuevas contrataciones y con ello, como resultado se debilitará el empleo formal.
Hace unos años, subsidios a la contratación del empleo joven y de la mujer liderados por los expresidentes Bachelet y Piñera, ayudaron a tener cifras récord en materia de contratación, mejoras salariales e imposiciones previsionales. El éxito de las normas fue el gasto del Estado para incentivar la empleabilidad formal.
Por ello, desechar estas fórmulas que ya fueron probadas y buscar una nueva alternativa, no se entiende. Es cierto que con ello quizás se logre solucionar un problema hoy para las personas mayores, pero al mismo tiempo no se estará colaborando con la formalización de los empleos y a la larga, será un nuevo círculo de malas pensiones, producidas por peores salarios y mayores lagunas previsionales.
Los efectos secundarios de esta propuesta, que aún es corregible y esperamos que así sea, no han sido del todo evaluados. Es trabajo del Congreso escuchar a economistas, abogados, trabajadores y empresarios para buscar una solución de largo plazo, a la que estaremos todos dispuestos a aportar.
