Un grupo de parlamentarios de la UDI ha presentado un proyecto para modificar la Ley de Partidos Políticos con el fin de garantizar que quienes participamos de la vida político partidista renunciemos expresamente al “uso, propugnación o incitación a la violencia en cualquiera de sus formas como método de acción política”.
La iniciativa, que fue aprobada en la Sala de la Cámara en su primer trámite, entiende como ejercicio de la violencia a quien públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incitare directamente a la violencia en cualquiera de sus formas en contra de una persona, un grupo de personas o de un miembro de tal grupo”.
Es lamentable que cuando el país necesita la dedicación completa de sus parlamentarios y parlamentarias a atender las urgencias y demandas de cambio que exige el país, dediquemos tiempo a discutir un proyecto que carece totalmente de sentido y es contradictorio por varios motivos. Por más que se diga que esta iniciativa refuerza el compromiso con los valores y la estabilidad democrática, su efecto práctico es inexistente. Porque el compromiso con la democracia nos exige mucho más.
En efecto. Velar por la tolerancia que enarbola el proyecto, implica dialogar y no polarizar. El respeto por la convivencia democrática significa valorar la dignidad de todas las personas y en ningún caso anular sus diferencias. Promover y proteger el pluralismo, supone un compromiso real con la libertad de expresión.
Nada más contrario a este compromiso que defender una iniciativa donde se infiere que hay partidos políticos que no deberían existir, solo por el hecho de impulsar ideas distintas a las propias, como concretamente se expresó en el hemiciclo de la Cámara. Defender la libertad de verdad, más allá de las expresiones grandilocuentes, exige comprometerse con la realización y el desarrollo personal de todos y todas las personas que habitamos Chile y no defender solamente parcelas de poder o privilegios.
La democracia nos exige a todos y todas, una actuación decidida en favor del bien común del país entero. Y no colaborar en la erosión o el debilitamiento de las instituciones, especialmente aquellas donde se manifiesta la voluntad popular.
Este proyecto además es engañoso. La ley de Partidos Políticos vigente, ya nos exige un compromiso real con el fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los Derechos Humanos. De nada sirven las declaraciones redundantes como las que se proponen en este proyecto.
El verdadero compromiso político significa trabajar para dejar atrás aquello que impide la cohesión social: la desigualdad profunda que sigue profundamente arraigada en nuestro país.
La desigualdad que se expresa en nuestro sistema educacional, en la escandalosa distribución de la riqueza, en la existencia de un sistema de salud para ricos y otro para pobres, en la segregación territorial que determina el acceso a bienes y servicios según el lugar donde cada persona resida, en la falta de oportunidades para la gente menos favorecida desde la cuna, en la violencia que nos afecta a las mujeres por el solo hecho de serlo.
El artículo 19 n°5 de la Constitución aún vigente y la Ley Orgánica de Partidos Políticos ya combaten con suficiente contundencia la promoción de la violencia como método de acción política. Por eso, este proyecto es irrelevante, que es por definición, contraria a la democracia.
Si realmente queremos profundizar la democracia, discutamos sobre los desafíos del país con la altura de miras que nos pide la ciudadanía. Sin fake news, sin falsas imputaciones a los otros. En este momento histórico, en donde nos debatimos por profundizar la democracia y los derechos fundamentales o permanecer entrampados en un sistema incapaz de representar las demandas del país y asegurar la paz social, contribuyamos al funcionamiento del sistema democrático, pero en serio.
