Los casos de financiamiento irregular de campañas políticas socavaron de tal manera la confianza de los electores en los partidos y coaliciones políticas, que no es casualidad que en la elección de convencionales constituyentes hayan sido electas personas pertenecientes a listas independientes, a pesar de que nuestro sistema electoral favorece precisamente la inscripción y elección de personas pertenecientes a pactos políticos.

Mensajes asociados a la necesidad de renovar la política y de hacer un cambio radical inundaron la franja electoral, presentándonos a los candidatos como integrantes de un nuevo movimiento reformador y refundacional.

Entre otros factores, esto motivó la alta participación de la ciudadanía en una elección tan importante para nuestro país que prometía una nueva forma de hacer política y una nueva democracia, que nos permitieran renovar la confianza en instituciones desgastadas y carentes de legitimidad. Sin embargo, a poco andar, hemos visto las mismas viejas prácticas que defraudan a los electores y quebrantan aquella promesa tan esperanzadora.

De ahí la importancia que el sistema político posea reglas claras y estrictas que nos permitan a los electores de alguna manera exigir el cumplimiento de las promesas de los candidatos o sancionar a aquellos que, con faltas a la verdad, o falseando u ocultando datos relevantes, lleguen a ocupar un cargo de elección popular. Esto nos hace pensar que una nueva forma de hacer política requiere de normas que sean exigentes y que nos permitan renovar la confianza en las instituciones y en la democracia.