En un informe publicado esta semana por el Centro de Investigación y Estudios Periodísticos de la UDP -en alianza con CIPER- se establece que las zonas ocupadas por organizaciones de narcotráfico en la Región Metropolitana pasaron de 80 a 174 en una década, lo que significa que más de un millón de santiaguinos viven “bajo el permanente miedo a la amenaza, balaceras o delitos sin contrapesos del crimen organizado”.

Estos escalofriantes datos coinciden con los de la Fiscalía Sur, que señala que los homicidios han aumentado en un 80% en la zona Sur de Santiago (comparado con el aumento de un 26% en la RM y 23% nacional). De igual forma, en los 45 Cabildos comunales digitales que hemos realizado en los últimos meses, sin excepción la primera prioridad de los vecinos ha sido el tema de la seguridad y combate al narcotráfico. Esto es bien elocuente, sobre todo porque no hay diferencia entre comunas grandes y pequeñas, urbanas y rurales, de sectores altos, medios o bajos.

¿Por qué se ha producido este aumento? ¿Qué podemos hacer? Como con todos los fenómenos delictuales, las causas son múltiples e interdependientes. Inestabilidad económica, el uso de Chile como plataforma de exportación regional, vínculos con barras bravas, crisis de las instituciones, falta de inteligencia policial y de presencia policial en los territorios, proliferación de alto poder de fuego entre bandas narcos, ausencia de una estrategia preventiva integral del delito, son sólo algunas de las causas. Independiente de cual sea el peso de cada uno de estos factores, lo cierto es que el cocktail ha sido una tormenta perfecta. Hoy el Narco es, sin duda, el principal problema de seguridad de la Región Metropolitana, y quizás del país.

Ante esta realidad poco alentadora, ¿Qué se puede hacer? Lo primero, es alejarse de los dos extremos que sólo generan frustración y escepticismo ciudadano: el populismo de los que prometen eliminar el narcotráfico por el sólo hecho de ser electos y el fatalismo de los que señalan que ya nada se puede hacer y que sólo nos queda seguir los pasos de Colombia, México o Brasil.

Creo que aún estamos a tiempo para enfrentar la violencia y control Narco en nuestros territorios, especialmente en la Ciudad de Santiago. Lo primero que urge, es que de verdad nos tomemos en serio la gravedad del fenómeno. Lo segundo, es que entendamos desde el inicio que es un fenómeno multicausal, donde los factores psicosociales, urbanos y comunitarios, son tan importantes como los de persecución inteligente del delito. Y lo tercero, es que pongamos la billetera donde ponemos la boca. Es decir, que este plan lleve consigo un presupuesto correlativo a su importancia.

Para que esto sea realidad, hay cinco planes que deben ir de la mano. Un programa intenso contra la deserción escolar (y la reinserción) con fuerte apoyo en salud mental. Un plan de organización comunitaria a través de Comités de vigilancia, dotados de cámaras, alarmas y sistemas de comunicación con municipios y policías. Un plan de recuperación urbana integral de barrios de alta complejidad, con la debida coordinación y financiamiento interministerial. Una reforma integral al sistema de control de armas, con trazabilidad de las mismas y sus municiones y sistema integrado de fiscalización. Y, finalmente, una Fiscalía Regional especializada en la persecución del crimen organizado que coordine la acción de todos los actores policiales y gubernamentales para desbaratar las bandas que azotan nuestras poblaciones.

Ninguna de estas acciones es, por sí sola, garantía de éxito en la contención y combate a la violencia y el narcotráfico en nuestra Ciudad. Sin embargo, probablemente la única chance que nos queda para no seguir el camino de países hermano como México, es empujar una política integral con estos cinco componentes. Estoy convencido de que los nuevos gobernadores regionales pueden ser un gran articulador e impulsor de una estrategia como esta.