Opinión
Miércoles 20 mayo de 2020 | Publicado a las 09:55
Las colusiones p√ļblico-privadas est√°n a la orden del d√≠a
Por Tu Voz
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La pandemia nos tiene confinados en nuestras casas pero no por ello, con nuestro silencio, ampararemos situaciones impropias en el ámbito de la construcción, las que, aunque conocidas por muchos, son mantenidas en secreto por ciertos medios de prensa. Cuando la desgracia del maligno virus se termine, esperamos no volver a la "normalidad chilensis" y, por lo tanto, que no se repitan las situaciones anómalas que a continuación damos a conocer.

Por Patricio Herman

En efecto, en ocasiones anteriores nos hemos referido a malas pr√°cticas por parte de la Direcci√≥n de Obras Municipales (DOM) de Pudahuel, asunto que lleg√≥ a conocimiento de la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica ante la negativa de la DOM y del propio alcalde Carrasco en reconocer los errores que se hab√≠an cometido al cursar unos permisos de edificaci√≥n.

La Contralor√≠a instruy√≥ una auditor√≠a en la municipalidad y a ra√≠z de ello desde octubre del a√Īo pasado se han formulado tres solicitudes de sumarios administrativos en la DOM de Pudahuel: dos realizadas por la Seremi Minvu Regi√≥n Metropolitana (RM) y la m√°s reciente por la propia Contralor√≠a Regional Metropolitana de Santiago.

Las solicitudes de la Seremi Minvu RM corresponden a permisos donde no se respet√≥ la declaratoria de utilidad p√ļblica de ciertas v√≠as, es decir, donde no se exigi√≥ al propietario del proyecto ceder los correspondientes terrenos y urbanizar esas calles, ardid con el cual se reduce el costo de inversi√≥n de los proyectos y en consecuencia se aumenta su rentabilidad.

Esos casos corresponden al condominio industrial Do√Īa Hortensia Nieto I en la Fase II de ENEA (Ord. N¬ļ 4.744/2019 Seremi Minvu) y al condominio habitacional Cumbre Mirador en Ciudad de Los Valles (Ord. N¬ļ 5.386/2019 Seremi Minvu). En el primer caso la seremi se√Īal√≥ que para regularizar el asunto los copropietarios deber√°n¬†“obtener la aprobaci√≥n de un proyecto de pavimentaci√≥n ante el Serviu Metropolitano y luego ser recepcionado … para poder efectuarse la cesi√≥n del Bien Nacional de Uso P√ļblico de la v√≠a (T46P) Camino Lo Prado Abajo”.

En el caso de la Contralor√≠a Regional Metropolitana de Santiago, la solicitud de sumario (Oficio N¬ļ 4.327/2020) se debe a que la DOM no obedeci√≥ la instrucci√≥n de ese organismo de control y opt√≥ por no entregar a la Seremi Minvu RM los antecedentes planim√©tricos que dejan en evidencia que un permiso de edificaci√≥n entregado en Camino Renca Lampa N¬ļ 9.700 es ilegal. A trav√©s de ese permiso y su modificaci√≥n en 2018 se autorizaron edificaciones en el √°rea rural sin cumplir el art√≠culo 55¬ļ de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). Aqu√≠ se puede revisar el oficio de la Contralor√≠a:

http://www.defendamoslaciudad.cl/index.php/noticias/item/7031-contraloria-exige-a-municipalidad-de-pudahuel-el-inicio-de-un-procedimiento-disciplinario-en-contra-de-dom

El permiso sirvió para construir el proyecto Aeroparque de Megacentro, empresa ligada al Grupo EBCO, el mismo que con la asistencia del lobbysta Pablo Longueira, está ejecutando el proyecto inmobiliario Chaguay, vulnerando la regulación contenida en las áreas de preservación ecológica (artículo 8.3.1.1. del PRMS). Respecto del proyecto Aeroparque de Megacentro, los correspondientes permisos de la DOM son los siguientes: 

https://archivostransparencia.mpudahuel.cl/index.php/s/LAPxtH96wViWHgV 

https://archivostransparencia.mpudahuel.cl/index.php/s/6nj6GNdy0TuPFMa

En la modificaci√≥n del permiso de 2018, la DOM autoriz√≥ ampliar de 42.000 a 132.000 la superficie construida del centro de bodegaje, ocupando terrenos rurales. Para hacer m√°s expedito el tr√°mite de esa modificaci√≥n, y luego de una ama√Īada consulta interna al Departamento de Urbanismo de la municipalidad de Pudahuel, que se menciona en las notas del permiso, los funcionarios municipales establecieron que esa modificaci√≥n no requer√≠a la autorizaci√≥n exigida en el art√≠culo 55¬į de la LGUC porque estaba amparada por el art√≠culo 2.1.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que trata sobre predios afectos a dos o m√°s zonas de uno o m√°s instrumentos de planificaci√≥n territorial. Pero traviesamente esos funcionarios, todos muy amigos, olvidaron leer el √ļltimo p√°rrafo de ese art√≠culo:¬†‚ÄúLo dispuesto en este art√≠culo es sin desmedro de la aplicaci√≥n, cuando corresponda, del art√≠culo 55¬į de la Ley General de Urbanismo y Construcciones‚ÄĚ.

En la pr√°ctica, a trav√©s de una aplicaci√≥n irregular del art√≠culo 2.1.21 de la OGUC, la DOM de Pudahuel modific√≥ el l√≠mite de extensi√≥n urbana definido en el PRMS desde 1994, incumpliendo diversos dict√°menes de la Contralor√≠a, como por ejemplo el N¬ļ 94.310 de 2014. Seg√ļn la OGUC existe adem√°s responsabilidad de la oficina de arquitectos y del revisor independiente, quienes no se percataron de la ilegalidad del proyecto de Megacentro, ¬Ņesos profesionales no conocen las normas vigentes y los dict√°menes de la Contralor√≠a?, ¬Ņo bien optan por mirar para el lado? Este columnista se inclina por la segunda alternativa.

As√≠ es queridos lectores, seg√ļn la planimetr√≠a del PRMS y la imagen de Google Earth disponibles en internet, el proyecto Aeroparque de Megacentro est√° construido en parte importante en el √°rea de Inter√©s Silvoagropecuario Mixto I.S.A.M.-1, definida en el art√≠culo 8.3.2.2 del PRMS, donde solamente se permiten actividades agropecuarias e instalaciones de agroindustrias que procesen productos frescos y otro tipo de actividades que nada tienen que ver con el arriendo de bodegas y oficinas que es a lo que se dedica la empresa Megacentro.

La Contralor√≠a ha dictaminado desde hace d√©cadas que en el √°rea rural de la Regi√≥n Metropolitana de Santiago regulada por el PRMS solamente se deben aceptar los emplazamiento de las actividades urbanas expresamente se√Īaladas en el T√≠tulo 8¬į de la ordenanza de ese instrumento intercomunal de planificaci√≥n. Pero aunque no lo crean los lectores, ni siquiera la propia Seremi Minvu respeta esa disposici√≥n.

Por eso la Contralor√≠a est√° revisando varios ejemplos donde esa entidad gubernamental ha incumplido la normativa vigente en el √°rea rural de Pudahuel, por ejemplo, autorizando grandes dep√≥sitos de veh√≠culos nuevos y bodegas y desafectando terrenos afectos a riesgos de inundaci√≥n vali√©ndose de una aplicaci√≥n contraria a derecho del art√≠culo 2.1.17 de la OGUC. La √ļltima de las chambonadas de esa seremi que hemos identificado fue el 27 de diciembre de 2019, ese d√≠a autoriz√≥ mediante la Res. N¬ļ 5.825 un centro de distribuci√≥n y bodegaje en un terreno afecto a riesgo de inundaci√≥n recurrente en Camino Noviciado N¬ļ 2.958 ML-11. Seg√ļn el PRMS all√≠ solo se permite equipamiento de √°reas verdes, recreativo y otros usos similares, luego de implementadas las obras que mitiguen ese riesgo. El titular del proyecto es la empresa “Sociedad Agr√≠cola El Noviciado Ltda.”, representada legalmente ante la DOM por un ex Jefe de la Unidad Jur√≠dica de la Seremi Minvu RM.

Los lectores informados saben que esa seremi también se equivocó al aplicar las normas del PRMS en el sector oriente de Santiago, en terrenos con protección oficial por su valor e importancia para el medio ambiente. Ejemplos hay varios : proyecto Chaguay de EBCO, como ya lo dijimos, subdivisiones prediales ilegales del empresario Miguel Nasur en la parte alta del cerro Lo Curro en Vitacura y los proyectos inmobiliarios Mirador Pié Andino, Guay Guay y La Cumbre de otros tantos especuladores del recurso suelo, todos conocidos en detalle por el propio Minvu, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y hasta la misma Carolina Schmidt, flamante ministra del Medio Ambiente.

Despu√©s de todo lo relatado y como la Contralor√≠a no exigi√≥ oportunamente la invalidaci√≥n administrativa de los permisos de Megacentro en Pudahuel, cuando el art√≠culo 53¬ļ de la Ley N¬ļ 19.880 del Procedimiento Administrativo lo admit√≠a, debido a que ya han transcurrido m√°s de los 2 a√Īos desde sus emisiones, considerados en esa disposici√≥n, constatamos que estamos ante un nuevo hecho ilegal consumado que beneficia un inter√©s comercial privado en desmedro del inter√©s general. Sin embargo, y en pos de resguardar el Estado de Derecho, procedimos a solicitar el 14 de mayo de 2020 la invalidaci√≥n del certificado de recepci√≥n definitiva parcial de ese proyecto entregado por la DOM el 31 de mayo de 2019, pues es una autorizaci√≥n contraria a derecho por estar referida a un permiso ilegal por las razones ya expuestas. Daremos seguimiento a esa solicitud e informaremos a la comunidad al respecto.

Las prácticas descritas en esta nota dan cuenta lisa y llanamente de una absoluta corrupción en la actividad inmobiliaria posibilitada por la lenidad del poder político. Por esta simple razón se justifica el título de esta columna.

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