Viviendas en altura: el vacío pendiente en seguridad infantil

Hablar de seguridad infantil en Chile dejó de ser un tema meramente doméstico. Actualmente, se ha convertido, nos guste o no, en una preocupación real en miles de familias que viven en departamentos en altura, en un país donde la forma de habitar cambió, pero las reglas de protección, lamentablemente no.

Chile se verticalizó. Cada vez más niños crecen en edificios, expuestos a ventanas, balcones y espacios que pueden transformarse en riesgos graves si no existen medidas adecuadas. Sin embargo, la ley sigue operando como si viviéramos en casas de un piso. Ahí está el problema: mientras la ciudad cambia, la normativa no lo hace al mismo ritmo.

La reciente tragedia en Las Condes, donde una niña cayó desde un piso 11, no es un hecho aislado. Es la consecuencia de un vacío evidente: no existen estándares obligatorios ni mecanismos efectivos que aseguren condiciones mínimas de seguridad infantil en viviendas en altura. Cuando eso ocurre, el sistema reacciona, pero no previene. Y, por supuesto, la reacción es completamente insuficiente.

Hoy conocemos de estos riesgos. Sabemos que hay soluciones simples. Y aun así, no hay una política pública integral que lo aborde. La seguridad termina dependiendo de la capacidad económica de cada familia, como si proteger a un niño fuera opcional.

Dicho lo anterior, hoy los tribunales de familia deben avanzar e incorporar la seguridad real del entorno en sus decisiones, obligando a verificar condiciones mínimas cuando un niño vivirá en altura. Y, en paralelo, un programa nacional que permita avanzar en estándares, subsidios y apoyo a familias que hoy no pueden costear estas medidas.

Porque aquí la pregunta es simple: si el Estado promueve viviendas en altura, ¿puede desentenderse de los riesgos que estas generan? La respuesta es, por supuesto, que no.

La seguridad infantil no puede seguir siendo reactiva. No debe depender del accidente, del error o de la suerte. Si los riesgos son evidentes y evitables, la política pública tiene que anticiparse. Porque al final, no se trata solo de viviendas. El principio que late en el fondo de esta preocupación no ha de ser otro que ningún niño en Chile esté expuesto a un peligro que pudo evitarse.