Chile no puede seguir viviendo así. Ajustar la vida cotidiana por la violencia no puede transformarse en costumbre.

Hay cosas que en Chile dejamos de cuestionar. Cada 29 de marzo, los comercios bajan sus cortinas antes de tiempo, las empresas cambian turnos y miles de familias se apuran por llegar antes a sus casas “por si acaso”. No está en ninguna ley, pero todos saben que ocurre, y el país termina organizándose en torno a ese riesgo.

No es un fenómeno nuevo ni imprevisible. Se repite todos los años en los mismos lugares, con los mismos métodos: barricadas, incendios, ataques a infraestructura y enfrentamientos con Carabineros. Hay organización, coordinación y una lógica que se repite.

Y en esto conviene ser claros: son grupos de izquierda radical que no han abandonado la violencia como método de acción política. No representan a la ciudadanía ni a una mayoría social; son grupos acotados que buscan imponer su visión por la fuerza, afectando directamente a quienes quieren vivir y trabajar en paz.

El problema es que el país se ha ido acostumbrando: a que existan días en que la ley deja de aplicarse, a que las familias vivan con miedo y a que la violencia tenga fecha en el calendario.

Eso no ocurre en países que funcionan con normalidad. En ninguna democracia sana las personas organizan su vida porque saben que, ese día, grupos violentos saldrán coordinadamente a tomarse las calles.

Cuando un fenómeno es reiterado, organizado y previsible, el Estado tiene la obligación de anticiparse, actuar y recuperar el control. No es responsabilidad de este gobierno que este problema exista, pero sí lo es enfrentarlo. Y hacerlo bien.

Este es el momento de investigar en serio qué organizaciones están detrás de estos ataques, identificar a quienes coordinan esta violencia y aplicar la ley con toda su fuerza. Eso es lo que la ciudadanía espera y lo mínimo que merecen los trabajadores chilenos, que se esfuerzan todos los días y además financian un Estado que no está cumpliendo con lo más básico, que es proteger sus derechos: el derecho a trabajar, a desplazarse y a vivir sin miedo.

Si Chile quiere recuperar el orden, hay algo que tiene que terminar: la normalización de la violencia política. Mientras eso siga siendo tolerado, no va a cambiar nada.

Chile no puede seguir viviendo así. Ajustar la vida cotidiana por la violencia no puede transformarse en costumbre. Si no se corrige, será permanente.