ALC tiene una oportunidad histórica: es la región más verde del mundo, con casi un 70% de su generación eléctrica proveniente de fuentes renovables.

Históricamente, América Latina y el Caribe (ALC) han observado los conflictos en Medio Oriente con una mezcla de cautela y alivio geográfico. Sin embargo, en el complejo tablero energético de 2026, la distancia física ya no es un blindaje.

Aunque nuestra región produce 10 millones de barriles de petróleo al día (10% global), sigue siendo vulnerable a crisis geopolíticas. Brasil, México, Venezuela, Guyana, Colombia y Ecuador generan el 95% del crudo, pero solo el 15% se procesa en la región. Esto nos obliga a importar productos refinados lo que aumenta el riesgo ante interrupciones en rutas comerciales claves como las del Golfo.

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Las recientes tensiones en el Estrecho de Ormuz tienen un efecto de doble filo. Los exportadores obtienen beneficios, ya que cada dólar adicional por barril suma US$ 2.100 millones al año para la región.

Por otro lado, los países importadores enfrentan mayores gastos, pues esa subida les cuesta US$ 1.600 millones extra. El balance general puede ser favorable, pero el impacto social es desigual. Un incremento del 10% en el precio del crudo puede aumentar la inflación hasta en 0,5 puntos en países que dependen del petróleo.

Es precisamente en este escenario de crisis donde se refuerza la idea de profundizar la transformación del sector eléctrico. ALC tiene una oportunidad histórica: es la región más verde del mundo, con casi un 70% de su generación eléctrica proveniente de fuentes renovables.

Esta ventaja competitiva nos permite desacoplar nuestra matriz de los vaivenes del crudo. Para ello, debemos seguir electrificando nuestra demanda más allá del 20% actual y aprovechar este impulso para descarbonizar sectores críticos, especialmente el transporte.

La receta es clara: junto con aumentar la capacidad de refinación regional y acelerar una transición hacia energías limpias y autónomas que nos desancle de la geopolítica del petróleo, debemos insistir en profundizar la integración energética regional como una línea de defensa a estas crisis ajenas.

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Chile, sin petróleo, ve la descarbonización como clave para su seguridad nacional. El cambio a buses eléctricos reduce la dependencia del petróleo y estabiliza tarifas, mientras que acelerar las inversiones en almacenamiento energético en baterías e impulsar al hidrógeno verde buscan que el país deje de ser un “tomador de precios” de crisis ajenas.

Transformar nuestra abundancia renovable en autonomía estratégica no es solo un imperativo ambiental; es una defensa real frente a las frecuentes turbulencias de la economía del petróleo.