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Frente al alza de precios, las familias no dejan de comer: reemplazan.
“Justo ahora mi hijo quiere comer sano, pero no me alcanza”, le escuché decir a una madre mientras recorría los pasillos de La Vega. En Chile, comer sano se está transformando en un lujo, incluso en un lugar que se caracteriza por tener precios más bajos.
Según el estudio “¿Cuánto cuesta comer sano en Chile?” del Grupo de Estudios Sociales sobre Alimentación (GESA), la canasta saludable es, en promedio, un 13,9 % más costosa que la Canasta Básica de Alimentos (CBA) que utiliza el Estado para medir la pobreza.
La consecuencia es predecible: si suben los alimentos frescos, ganan los ultraprocesados. Son más baratos, duran más tiempo, son de fácil acceso y se preparan y consumen rápidamente. Frente al alza de precios, las familias no dejan de comer: reemplazan.
Los niños no eligen; comen lo que hay. Y cuando “lo que hay” está determinado por el precio, su alimentación, su desarrollo y su salud quedan condicionados desde la infancia. Hablar de hábitos saludables sin considerar el precio no solo es ingenuo, sino también injusto.
Hoy, en Chile, 6 de cada 10 estudiantes de 5º básico presentan malnutrición por exceso, una condición fisiológica anormal provocada por el consumo excesivo de alimentos ricos en grasas y carbohidratos. Actualmente, es reconocida como una enfermedad crónica por la OMS y afecta gravemente la salud física y mental, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes.
Lamentablemente, estas cifras no deberían sorprender. Chile arrastra, desde hace años, un aumento sostenido en los indicadores de obesidad, particularmente en niños, niñas y adolescentes. No es un fenómeno aislado, es una realidad estructural.
La desigualdad social y económica están detrás de estas cifras alarmantes. Aunque incomode decirlo, mientras mayor es la pobreza en un hogar, mayor es el riesgo de malnutrición por exceso. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta realidad considerando las medidas que está adoptando el nuevo gobierno?
El alza de combustibles traerá efectos concretos. El vicepresidente de la Asociación de Ferias Libres, Froilán Flores, advirtió que los precios de las frutas y verduras subirán entre un 30% y un 40%. Es decir, los alimentos más saludables se vuelven progresivamente menos accesibles para quienes perciben menores ingresos.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿cómo resguardamos la seguridad alimentaria, especialmente de niños, niñas y adolescentes? ¿Con comida disponible o con comida saludable y accesible? Porque, si lo sano se vuelve inalcanzable —y para esa madre en La Vega la intención de su hijo se transforma en un pesar—, entonces el problema no es nutricional: es social. Y es el Estado el que debe tomar las medidas para garantizar ese acceso.
