La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas eléctricas aplazar el inicio del cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024.
Las reliquidaciones originalmente comenzarían a reflejarse en las boletas a partir de abril de 2026. Con esta instrucción, el proceso de aplicación de cargos o abonos en las cuentas de electricidad se iniciará a partir de julio de 2026.
De acuerdo con la entidad, la decisión surge tras recibir solicitudes por parte de parlamentarios tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, así como de la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (FENACOPEL).
Estos actores plantearon la necesidad de postergar el proceso en atención al actual escenario económico y sus efectos en los hogares.
El proceso de reliquidación tarifaria responde a lo establecido en la normativa vigente, que obliga a ajustar las diferencias generadas entre lo efectivamente facturado y lo que correspondía cobrar según las fórmulas tarifarias definidas para el período 2020-2024.
Condiciones del aplazamiento de cobro
Estas diferencias deberán ser abonadas o cargadas a los clientes, según corresponda, en las boletas de electricidad. La SEC reafirmó que esta medida no altera la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación en atención a circunstancias excepcionales.
De acuerdo con el SEC, el objetivo de la medida es resguardar el interés público y reducir el impacto en los hogares. Asimismo, se mantiene que los montos a reliquidar serán distribuidos en cuotas, bajo las condiciones previamente establecidas.
Las condiciones consideran mecanismos para evitar sobrecargas en los clientes, especialmente en aquellos casos donde las cuotas representen un porcentaje significativo del gasto mensual.
La Superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, señaló que “esta medida permite dar un espacio adicional para una implementación adecuada del proceso de reliquidación, resguardando tanto el cumplimiento de la normativa vigente como la protección de las familias, en un contexto que requiere especial atención a sus efectos en los hogares”.