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El anuncio del presupuesto para el año 2026, que será objeto de un análisis detallado en el Congreso en las próximas semanas, revela tanto aspectos positivos como negativos de una gestión fiscal que ha sido objeto de cuestionamientos en los últimos años.
Se ha anunciado un déficit proyectado del 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual supera el compromiso establecido por la ley de responsabilidad fiscal, que es del 1,6% del PIB. Este déficit también es el doble del que se había proyectado en el último informe de finanzas públicas correspondiente al año 2024.
Lo anterior indica un déficit total aproximado de 7.000 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 3.700 millones de dólares en comparación con lo proyectado. Esta cifra se aproxima a la cantidad que se espera recaudar mediante la ley de cumplimiento tributario en el año 2026.
La eterna deuda tributaria
Por otro lado, aunque se vuelve a incumplir la meta de recaudación de ingresos tributarios netos, que se proyecta en un 18,6% del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre del año 2025, lo cual refleja un incumplimiento del crecimiento proyectado del 8,5% en comparación con el año 2024, es importante señalar que se rompe la tendencia de estancamiento crónico en la recaudación de impuestos.
En el año 2024, la recaudación alcanzó un 17,5% del PIB, un nivel comparable al de 2011, a pesar de las sucesivas reformas tributarias implementadas.
Reformas sociales sin financiamiento sólido
Si bien se percibe como favorable el enfoque social del presupuesto, que se centra en áreas como la salud, la seguridad, las pensiones y la educación, es fundamental señalar los riesgos asociados a reformas sociales que carecen de financiamiento adecuado. Estas reformas ejercerán presión no solo sobre el presupuesto de 2026, sino también sobre los períodos futuros.
En efecto, la Pensión Garantizada Universal (PGU), aprobada en 2020, actualmente genera no más del 20% de los recursos estimados para su financiamiento. Por otro lado, la reforma de pensiones se sustenta en una recaudación fiscal débil y cuestionada, derivada de la ley de cumplimiento tributario.
Asimismo, la gratuidad en la educación, financiada a través de la reforma tributaria de 2014, no alcanzó a recaudar más del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), a pesar de que se prometió una recaudación del 3% del PIB.
Escepticismo ante nuevas proyecciones
Por otra parte, a primera vista, resulta favorable que se proyecte un déficit del 1,1% para el año 2026; no obstante, el incumplimiento recurrente en los últimos tres años invita a considerar esta cifra con escepticismo, en ausencia de una gestión sustantiva que contemple un ajuste fiscal más significativo.
Finalmente, es fundamental recordar que el presupuesto actúa como una guía en condiciones normales. Sin embargo, ante situaciones de crisis, es pertinente cuestionar si el país se encuentra debidamente preparado.
En años anteriores, los excedentes de litio, que alcanzaron precios históricos, fueron empleados para equilibrar las finanzas, lo que resultó en su utilización para financiar un déficit operativo en aumento.
De manera similar, el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) fue utilizado para financiar gastos corrientes en condiciones que no justificaban su uso. Se aplicó un modo de operación similar con los recursos destinados a la reconstrucción de Viña del Mar tras los incendios.
A través de impuestos extraordinarios y transitorios, se recaudaron 1.600 millones de dólares, los cuales fueron rápidamente incorporados a la licuadora fiscal, sin ser utilizados para el propósito para el cual fueron recaudados, que era la constitución de una reserva para la reconstrucción luego de los incendios en la quinta región.
Un desafío fiscal inevitable
El desafío fiscal que enfrentará la próxima administración es significativo: se han agotado las holguras fiscales y no se cuenta con la glosa republicana que proporcione un mínimo de flexibilidad al inicio del siguiente periodo presidencial.
En tales condiciones, es imperativo hacer un llamado a restablecer la seriedad fiscal mediante un ajuste fiscal sustantivo y centrar la atención en el crecimiento económico, el cual ha demostrado ser la principal fuente de recursos fiscales que permitirá fortalecer las debilitadas finanzas públicas.
