Royalty Portuario: No hay malas noticias cuando gana la gente

La razón es simple. Nuestro país tiene una proyección oceánica privilegiada que nos permite pensar en nuevas perspectivas de desarrollo para las próximas décadas, siendo los puertos las verdaderas llaves maestras de esa posibilidad.

Son enclaves estratégicos para la economía nacional porque realizan una contribución insustituible al país al movilizar el 95% del comercio exterior. Por eso, los puertos deben crecer y desarrollarse, como también los habitantes y ciudades donde se emplazan, porque son las comunas portuarias las que cargan sobre sus hombros el pilar más importante de la economía del país y lo hacen recibiendo más impactos negativos que beneficios.

Hablamos de más de 2.6 millones de personas que habitan en comunas portuarias de Arica a Puerto Williams, que deben lidiar de forma cotidiana y permanente con los impactos que esta actividad industrial produce al medioambiente que habitan, a su calidad de vida y a la trama urbana, conectividad y vialidad de sus ciudades. No olvidemos que los puertos funcionan, salvo contadas excepciones, los 365 días del año, los 7 días de la semana y las 24 horas del día.

Es por lo anterior, que los puertos y la actividad económica que movilizan deben realizar un aporte económico significativo y permanente a las ciudades donde se ubican, no hay otra forma si queremos una relación solidaria y sostenible en el tiempo de esta actividad y los ciudadanos de las comunas donde se ubican.

El debate ya está instalado, en buena hora por la candidata presidencial Jeannette Jara. Sería un error cerrarlo de forma anticipada, como lo desliza el diputado Agustín Romero del Partido Republicano en columna publicada en este mismo medio. Su mirada peca de un centralismo excesivo, cuestión que puede estar medida por el hecho que el diputado en cuestión representa a un distrito de la única región no portuaria del país, la Región Metropolitana.

Lo que el diputado Romero no menciona es que en los sistemas portuarios de Estados Unidos, Europa o China a través de diversos mecanismos el aporte económico a las ciudades se produce hace décadas y que no existe evidencia que aquello produzca alteración alguna al comercio exterior de dichas economías ni tampoco impacto negativo en los precios de los bienes que acceden las familias de esos países que, cabe mencionar, al igual que Chile son naciones con economías abiertas.

Tampoco afectará las inversiones portuarias que el país debe realizar en los próximos años que tienen como epicentro la Región de Valparaíso, tanto en San Antonio con la construcción del llamado puerto exterior por casi $4.000 millones de dólares, como en Valparaíso con la ampliación portuaria por $800 millones de dólares, sino más bien permitirá que los habitantes de dichas ciudades puedan también desarrollarse de forma equitativa a la par de sus puertos.

En lo que respecta a la TUP o la Tarifa Única Portuaria, cabe precisar que la ley 19.542 del año 1997 estableció que los dineros recaudados fueran usados en obras portuarias como la mantención de molos de abrigo, uso de zonas comunes de los puertos o eventual realización de obras de sagrado, es decir, todas inversiones al interior de los recintos portuarios y no fuera de estos que es el sentido último del llamado royalty portuario. Lo anterior, no quita la necesidad de realizar un severo cuestionamiento y crítica a la falta de transparencia en el uso de estos cuantiosos recursos recaudados en las últimas décadas por parte del Estado, porque a simple vista no se ven.

Si el mecanismo que se utilice es el cobro de una determinada cantidad por tonelada transferida, el pago de monto fijo anual, la redefinición del destino de la TUP, el cambio del destino y distribución del impuesto del artículo 2 del DL n° 2.398 que establece que las empresas del Estado deben pagar un impuesto del 40% sobre las utilidades de la renta líquida imponible de primera categoría, es algo que el debate público permitirá determinar, escuchando las preocupaciones y miradas, por cierto legítimas, de todas y todos los involucrados.

Lo que no puede pasar es que el Congreso Nacional le siga dando la espalda a las familias que viven en las comunas portuarias que sostienen la economía nacional y merecen ser reconocidas por la contribución que hacen a nuestro país.