Es lógica la inquietud planteada de qué le corresponde hacer a la comunidad internacional ante la situación de hambruna que vive la población de Gaza, un hecho que está comprobado y denunciado por organismos internacionales especializados y confiables, como también lo han dejado de manifiesto periodistas de diversos medios de comunicación con comentarios basados en imágenes elocuentes.

Ya son más de 55 mil las personas que han perdido la vida por la acción directa armada, a la cual se sumarán aquellas que no podrán subsistir a raíz de no contar con alimentación suficiente, lo que aumentará la crueldad que se manifiesta en ese territorio.

Todo ello fruto de la represalia ordenada por el gobierno israelí encabezado por Benjamín Netanyahu y que no se puede justificar, ni moral ni jurídicamente, como legítima defensa ante la brutal acción terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Hambruna en Gaza y la parálisis de la institucionalidad internacional

La institucionalidad internacional aparece paralizada. Las razones son evidentes.

Por una parte, liderazgos como el del gobernante israelí, que no responden a cánones establecidos a través de principios y reglas convenidas internacionalmente. Por otra, un órgano llamado a actuar ante el quebrantamiento de la paz y seguridad internacionales, como es el Consejo de Seguridad de la ONU, que en razón del veto al que tienen derechos sus miembros permanentes, no ha estado en condiciones de actuar mediante una resolución vinculante.

Calidad que excepcionalmente tienen, en virtud del artículo 25 de la Carta de dicha organización internacional, las decisiones de aquel órgano.

La actuación de la Corte Penal Internacional

En este contexto, solo un dispositivo de la institucionalidad internacional ha tenido actuación: la Corte Penal Internacional (CPI).

En virtud de la jurisdicción y competencia que le brinda su estatuto para actuar ante crímenes internacionales como los crímenes de guerra y de lesa humanidad, además de genocidio, ha ordenado la captura de Benjamín Netanyahu y su exministro de defensa.

Una de las razones de la medida es justamente la utilización del hambre como instrumento en una guerra.

Es de esperar que los Estados que son miembros del Estatuto de la CPI colaboren, como es su obligación, con el Tribunal y no sigan el camino de Hungría, cuyo gobierno retiró al país de la Corte para facilitar la visita de Netanyahu.

Responsabilidad y presión ciudadana

Hay que estar conscientes que la población internacional también ha ido asumiendo que la hambruna y otras represalias que se observan en Gaza tienen responsables y ellos se sitúan en el gobierno israelí.

Esto debiera abrir, en la propia ciudadanía de ese país, una actuación que obligue a Netanyahu y su entorno a no seguir el proceso que se observa. También, a obligar a abrir un genuino alto el fuego, posibilitar las acciones humanitarias y generar condiciones para una negociación de una paz duradera.

Para ello, debieran convocarse garantes que ofrezcan seguridades para restablecer el imperio del derecho internacional.