No se puede hablar de salud digna con un presupuesto insuficiente

En pocas semanas se inicia en el Congreso el debate presupuestario, discusión que en los últimos años ha dejado en evidencia el abandono histórico que sufre la salud pública en Chile. A pesar se repiten discursos sobre el fortalecimiento del sistema y el compromiso con la salud universal, las condiciones reales en nuestros hospitales, consultorios y centros asistenciales demuestran lo contrario: falta de personal, infraestructura precaria, servicios externalizados y una sobrecarga laboral insostenible para las y los trabajadores del sector.

Abandono estructural en salud pública

Es imposible hablar de dignidad en salud si no se garantiza un presupuesto que permita cubrir adecuadamente la demanda, atender con tiempos razonables y asegurar condiciones de trabajo seguras y justas. La falta de recursos no solo afecta la calidad de la atención a los pacientes, sino que pone en riesgo la salud mental y física de las y los trabajadores del sistema de salud, que día a día sostienen el sistema con esfuerzo y vocación.

Tener presupuestos mayores no es una consigna vacía, es un piso a partir del cual debemos trabajar para ampliar la cobertura de atención, reducir las listas de espera, mejorar la atención oportuna y garantizar un trato digno a las y los usuarios del sistema público. Invertir en salud significa poder contar con más personal, con insumos suficientes, con tecnología adecuada y con infraestructuras seguras.

Consecuencias de un sistema precarizado

Las y los trabajadores de la salud no pueden seguir pagando las consecuencias de un sistema mal financiado. No es justo que sean ellos quienes reciban la frustración, la violencia o el maltrato de una ciudadanía desesperada, por no contar con las herramientas necesarias para brindar una atención oportuna y de calidad. La falta de presupuesto se traduce, también, en un clima laboral insostenible que afecta profundamente el bienestar y la motivación de quienes han entregado su vida al servicio público.

La pandemia nos dejó enseñanzas que deben ser tomadas en cuenta en estos momentos: el sistema público es el único capaz de responder de manera equitativa y eficiente ante emergencias sanitarias. Sin embargo, lejos de fortalecerlo, hemos observado decisiones políticas que van en línea contraria: recortes presupuestarios, precarización del empleo y ausencia de definiciones serias respecto de la dotación de personal. A esto se suma el crecimiento desmedido de la tercerización de funciones, que vulnera derechos laborales y profundiza la desigualdad.

Desde la Confederación Fenats Nacional hemos exigido con claridad que se escuche la voz de las y los trabajadores en la planificación del presupuesto. No somos ni podemos ser un ítem más en la contabilidad del Estado. Todo lo contrario, somos parte del corazón del sistema, y sabemos mejor que nadie dónde están los nudos críticos y las urgencias.

Es preciso recordar que las y los trabajadores del sistema de salud también se enferman. La sobrecarga, el estrés constante, la falta de descanso y el ambiente laboral tenso derivan en licencias médicas cada vez más frecuentes. Esto no solo repercute en sus vidas personales, sino que también impacta directamente en la atención a los pacientes, engrosando las listas de espera y profundizando la crisis del modelo. Es un círculo vicioso que se retroalimenta, y que solo puede romperse con inversión y planificación estratégica.

Inversión pública real

Así como el gobierno desplegó todos sus esfuerzos para evitar la caída del sistema privado de salud, salvar a las isapres y darles 14 años para que paguen sus deudas, es urgente que esa misma voluntad política se traduzca en medidas concretas para fortalecer de verdad la salud pública. La vida y dignidad de millones de personas dependen del sistema público, no de las clínicas privadas.

Un sistema de salud fuerte se construye con inversión pública, con empleos estables, con carrera funcionaria real, asignación técnica tanto para estamento salud como administrativo y con una gestión centrada en el bienestar de las personas y no en la lógica del mercado. Cada peso que se niega a la salud pública se traduce en menos cobertura, en listas de espera más largas, en turnos extenuantes, en pacientes desatendidos y en profesionales quemados.

Chile necesita una reforma profunda que ponga en el centro la salud como un derecho garantizado por el Estado. Y esa transformación no es posible sin un compromiso presupuestario robusto, sostenido y planificado. Sin inversión suficiente, no hay salud digna ni para quienes se atienden ni para quienes trabajamos en ella.