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El reciente avance del proyecto de ley sobre transferencia tecnológica y conocimiento, aprobado por el Senado con 29 votos a favor y 2 abstenciones, representa una oportunidad significativa para las universidades estatales y su rol en la sociedad.
Con un amplio respaldo, esta iniciativa busca fortalecer la conexión entre la academia, el sector productivo y la comunidad, al facilitar la transferencia de resultados de investigación y eliminando barreras para la creación de empresas de base científico-tecnológica (EBCT). Sin embargo, su impacto real dependerá de cómo se implemente y de la capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de cada territorio, especialmente en las regiones.
El desafío de garantizar un acceso inclusivo al conocimiento
Aunque la ley propone la creación de un repositorio nacional que busca equilibrar la protección de la propiedad intelectual con el acceso abierto al conocimiento, surge una interrogante clave: ¿cómo garantizar que este acceso sea verdaderamente inclusivo?
En su formulación actual, la ley se concentra principalmente en activos protegibles por propiedad industrial, como patentes y marcas, y excluye otros mecanismos clave, como los derechos de autor, los secretos comerciales y las variedades vegetales.
Esta visión reduccionista no solo limita la diversidad de resultados de investigación e innovación, sino que también plantea dudas sobre la integración de formas de conocimiento que, aunque no sean patentables, tienen un valor incalculable para la sociedad, como los saberes locales y tradicionales.
Una oportunidad para las universidades estatales en regiones
Para las universidades estatales, especialmente aquellas ubicadas en regiones, este proyecto representa una oportunidad para fortalecer su rol como agentes de cambio local. Sin embargo, persisten desafíos críticos que requieren atención.
Uno de los más urgentes es el cambio cultural dentro de las propias instituciones, donde los incentivos siguen centrados en la producción académica medida por publicaciones científicas, relegando otros indicadores clave, como las patentes o el impacto social de la investigación.
Este enfoque debe evolucionar hacia un sistema que valore la aplicación práctica del conocimiento y su capacidad para generar bienestar en las comunidades.
En este sentido, los procesos de acreditación universitaria liderados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) adquieren un papel fundamental. Es importante que la CNA incorpore la innovación y la transferencia de conocimiento como ejes centrales en sus criterios de evaluación, otorgándoles un valor equivalente al de las publicaciones científicas.
Este cambio incentivaría a las instituciones a priorizar la aplicación práctica del conocimiento y alinearía los incentivos académicos con las necesidades del desarrollo nacional, fomentando un enfoque más integral y orientado al impacto real en la sociedad.
La innovación como fenómeno multidimensional
Desde una perspectiva integral, el proyecto de ley debe ir más allá de la simple transferencia de tecnología y considerar cómo el conocimiento puede generar valor en múltiples dimensiones. Esto implica reconocer que la innovación no se limita a lo científico-tecnológico, sino que también abarca soluciones sociales, culturales y ambientales.
Por ejemplo, frente a desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad social o la salud pública, es fundamental integrar enfoques que combinen conocimientos científicos con prácticas ancestrales y comunitarias. Solo así podremos abordar estos problemas desde una perspectiva verdaderamente transformadora.
Aunque la ley en discusión sobre transferencia y conocimiento marca un avance importante al fortalecer la articulación entre la academia, el sector productivo y la institucionalidad pública, su enfoque actual sigue siendo insuficiente para enfrentar las marcadas desigualdades territoriales que persisten en el país.
Esta realidad se evidencia al observar cómo la Región Metropolitana acapara la mayor parte de las oportunidades y recursos, mientras que las demás regiones enfrentan limitaciones estructurales que frenan su desarrollo económico y social.
Por ello, resulta crucial que la ley incorpore medidas concretas para reducir estas brechas, promoviendo un crecimiento más inclusivo y sostenible que beneficie a todos los territorios del país.
Consolidar un ecosistema de innovación inclusivo y conectado
La Ley de Transferencia Tecnológica y Conocimiento representa un paso importante hacia la consolidación de un ecosistema de innovación más robusto y conectado en el país. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de los actores involucrados para superar los desafíos identificados y aprovechar las oportunidades que ofrece.
Es fundamental que esta ley no solo se enfoque en la transferencia de tecnología, sino que también promueva un enfoque integral que valore el conocimiento en todas sus formas, desde las patentes hasta los saberes ancestrales y las soluciones comunitarias.
Para lograrlo, se requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado, las universidades, el sector productivo y la sociedad civil. Las universidades estatales, en particular, deben asumir un rol protagónico como agentes de cambio, impulsando una cultura que priorice la aplicación práctica del conocimiento y su impacto en el desarrollo local.
Esto implica no solo adaptar sus sistemas de incentivos, sino también fortalecer su presencia en las regiones, contribuyendo a reducir las brechas territoriales y promoviendo un crecimiento más equitativo.
