Nos encontramos en un punto de inflexión que exige unidad de propósito, una estrategia coherente y la acción unificada del conjunto del Estado junto a instituciones sociales y democráticas fuertes y resilientes, que estén a la altura de la amenaza.
Los pulpos verdes y otros casos delictuales que amenazan al país
Hace unos días, conocíamos la noticia de una banda de carabineros corruptos involucrados en casos de extorsión, cobro por protección y apremios ilegales a comerciantes extranjeros en el barrio Meiggs. Aunque la investigación sigue en curso, el mando policial consideró que los antecedentes eran suficientes para expulsarlos de la institución y los tildó de delincuentes.
La prensa por su parte nombró el caso como “los pulpos verdes”, en alusión a la estructura criminal transnacional especializada en extorsión conocida como “los pulpos”. Un apodo mediático que se viralizó rápidamente en redes sociales, golpeando profundamente a la institución que meses recuperando la confianza ciudadana.
Un poco antes de este suceso nos enterábamos de un caso de colusión empresarial conocido en la prensa como “cartel del gas”, en referencia a empresas que se pusieron de acuerdo en el precio del gas de uso medicinal en pleno período de la pandemia del Covid.
También conocíamos la noticia de una red de camioneros que supuestamente traficaban armas desde Argentina a Chile para venderlas a delincuentes.
Recientemente, se dictó prisión preventiva para el alcalde Daniel Jadue por delitos de administración desleal, cohecho, estafa, fraude al fisco y delitos concursales. Este caso, sin embargo, no es aislado.
Según informaciones de prensa, el Ministerio Público cerró el año 2023 con 642 causas abiertas en todas las regiones del país, implicando malversaciones de caudales públicos y fraudes al fisco cometidos por alcaldes y funcionarios municipales; una cifra compleja si consideramos que la totalidad de municipios del país alcanza a 345.
Entre estos casos, destaca el del ex alcalde de San Ramón, quien es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos debido a presuntos vínculos con el narcotráfico.
Se suman las investigaciones sobre fraude en gobernaciones, otras conocidas como “caso convenios o fundaciones”, las que han ido salpicando transversalmente a varios actores del espectro político. Y, por otro lado, las investigaciones que afectan a determinados mandos militares y policiales también por defraudaciones o uso de información privilegiada.
La liberación del Tren de Aragua
Hace pocos días decisiones judiciales y errores incomprensibles del ministerio público permitieron que cinco peligrosos delincuentes adscritos al tren de Aragua-que se encontraban involucrados en una causa por secuestro- quedarán con la medida de arresto domiciliario total, previo pago de una caución de 5 millones por cada uno, dinero que apareció rápidamente.
Pese a que la medida fue revertida por la Corte de Apelaciones de La Serena, solo dos de los imputado se entregaron voluntariamente y tres de estos peligrosos delincuentes aún se encuentran prófugos.
Un caso levanta una justificada interrogante: ¿qué hubiese sucedido si la prensa no hubiera advertido de la grave situación?
En todos estos casos, como siempre el principio de inocencia y el derecho a un debido proceso es parte de lo que debemos proteger para resguardar nuestra democracia y Estado de derecho. Sin embargo, ello no impide analizar el trasfondo y el momento en que ocurren estos casos, esperando agilidad y transparencia en el desarrollo y término de las investigaciones, juzgamiento y condena en los casos que corresponda.
Debilidad social frente a la amenaza del crimen organizado
Estos ejemplos, junto con muchos otros que podríamos citar, forman parte de un proceso que viene de más atrás, y está vinculado con el descrédito y la caída de las instituciones u otros actores sociales relevantes. Se trata de una debilidad social sumamente grave, compleja e impredecible, ya que fomenta instalación de una idea generalizada respecto a que el Estado carece de legitimidad, que la política sin excepciones es corrupta y que el mercado es una farsa donde no existe competencia, sino colusión.
Es decir, potencia un sentimiento subjetivo de la sospecha ante todo y todos, el caldo de cultivo para la erosión del sistema democrático, el surgimiento de las soluciones mágicas, el populismo autoritario efectivo en una sociedad desorientada, desconfiada o ya rendida, una real, actual y lamentable amenaza transversal en latinoamérica.
Lo más grave, es que todo esto ocurre en un momento histórico del país, donde la criminalidad organizada transnacional y el cambio delictual local se erigen como las principales amenazas al Estado y la sociedad chilena.
Una estrategia unificada del Estado
Nos encontramos en un punto de inflexión que exige unidad de propósito, una estrategia coherente y la acción unificada del conjunto del Estado junto a instituciones sociales y democráticas fuertes y resilientes, que estén a la altura de la amenaza.
De lo contrario, el riesgo es altísimo por la posibilidad que el crimen organizado logre permear la sociedad chilena y se instale -al igual que un virus- en las sombras de la debilidad estatal y genere una dinámica disolvente donde volver atrás sea algo extremadamente difícil, sino imposible.
