Que la política exterior de Chile divise el margen de oportunidad -y se decida a actuar-, que ofrece la apertura del nuevo gobierno argentino, es clave si queremos avanzar hacia una alianza estratégica y de futuro entre ambos países y no transformar esta relación en una historia mínima camuflada de conmemoraciones.
La agenda con Argentina es extensa y profunda, superando el ritmo y volumen de las relaciones bilaterales de nuestro país, no sólo por los acuerdos y Laudos arbitrales que la anteceden, sino por asuntos de menos brillo, pero de gran impacto como las largas esperas en los pasos fronterizos.
Bajo el impulso del nuevo gobierno argentino, que busca romper con un modelo económico que ha llevado a Argentina a la pobreza, recuperar el orden fiscal como la seguridad interna es un fin central.
Es probable que estemos insertos en una resignificación acotada de la agenda bilateral, basada en un nuevo anillo de temas conformado por áreas hasta ahora desconocidas en la agenda bilateral, como la violencia transfronteriza y un renovado interés de la economía argentina por acceder con más facilidad al Asia/Pacífico a través de Chile.
Algo que no debe asombrarnos, ya que es conocida la vocación aperturista del presidente Milei, y el fuerte incremento que anota en estos años el comercio exterior hacia y desde puertos argentinos que usa el estrecho de Magallanes, como también la importancia que la minería transandina (y sus inversionistas extranjeros) asigna a los puertos del norte de nuestro país.
Con 8,5 millones de personas residiendo en las provincias argentinas que deslindan con nuestro país (1,4 millones más que en 2010), algunas dependen más que otras de los pasos fronterizos con Chile para su desarrollo económico.
Es el caso, por ejemplo, de las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca, las que registran 46 proyectos mineros en marcha (33 de litio, 4 de oro, 4 de plata, 3 de cobre,1 de plomo y 1 de uranio), varios de ellos ubicados en el altiplano, y que necesitan los puertos de la región de Antofagasta.
Algo similar ocurre con las economías de San Juan, Mendoza y Neuquén, también interesadas en los mercados de la cuenca del Asia/Pacífico.
Más al sur, Argentina y Chile se trenzan en una unidad geográfica interdependiente, en que uno y otro se necesitan para el transporte de carga y personas.
Gobiernos anteriores de nuestros dos países han resaltado la importancia de avanzar hacia una circulación más facilitada de personas y cargas, pero sin resultados exitosos por la tenaz oposición de algunos intereses.
¿No habrá llegado el momento de vencer esos escollos y avanzar con decisión hacia el diseño de un estatuto especial, seguro y simplificado para ciertos pasos fronterizos (los más relevantes)?
¿No será hora de focalizar nudos geográficos binacionales en los que pueda operar un modelo de libre circulación de personas entre Chile y Argentina?
Tan importante como esta agenda “corta” es la que se proyecta hacia el sur, un nudo geopolítico de alta complejidad y exigencia para la política exterior chilena, conformado por los recursos hídricos compartidos y la proyección política de ambos países sobre el Océano Austral en el mar de Drake, la Antártica, sus recursos naturales y climáticos.
Que el austro esté cobrando cada vez más importancia global lo demuestran los más de 2.359 buques que transitaron por el Estrecho de Magallanes en 2023 (2.201 en 2022), una cifra que -con el encarecimiento de las tarifas y los problemas ambientales que afectan al canal de Panamá, y las amenazas bélicas en otros pasajes marítimo-, se ha incrementado con una velocidad inusual, realzando a nivel global el valor de la geografía austral chilena.
Recomponer el valor político (y jurídico) del estrecho de Magallanes, conocer los derechos, prerrogativas y límites legales con que Chile puede y debe ejercer la administración de ese pasaje marítimo, es una tarea de suma importancia para la política exterior chilena.
Especialmente en el campo del control marítimo de la pesca no regulada, ambos países están llamados a ejercer una fiscalización más decidida, complementaria y compartida sobre las aguas “más allá de la milla 200” frente a las costas australes de Chile y Argentina.
Una decisión en tal sentido no sólo acotará la extrema libertad con que operan las grandes flotas pesqueras en los espacios oceánicos australes, sino que materializaría una agenda de conservación y manejo sostenible de los recursos marinos fuera y dentro de nuestras ZEE, que incluya una comunicación fluida y precisa sobre el tráfico marítimo en la zona austral.
Ejemplo de lo anterior son los más de 200 pesqueros chinos que transitaron el año pasado por el Estrecho de Magallanes, convirtiendo a ese país en el principal usuario de este pasaje marítimo.
La inacción en este ámbito no sólo encoge la posición estratégica que Chile ha asumido en materia de sustentabilidad marítima al desatender la alta mar frente a nuestras costas, sino que abre las puertas para alianzas por fuera.
Por ejemplo, la “base marina integrada” que promueve Argentina con EE.UU y otros países occidentales, o que antes pretendió con China, alterando un puzle austral en el que Chile y Argentina son y deben ser titulares políticos indiscutidos, y termina cediendo (y acrecentando) la influencia política de terceros Estados en una “zona cerrada” y de gran valor estratégico para nuestros dos países.
Ambas Cancillerías cuentan con instancias de cooperación y diálogo para abordar las relaciones en los más diversos ámbitos, incluso propicias en tiempos de diferencias ideológicas (por ejemplo, el “Foro de Diálogo Estratégico 2030”).
