Durante el último tiempo, hemos sido testigos, con evidencia, de la inquietante realidad del comercio ambulante en Chile, que viene arrastrándose hace años.
En las sombras de la aparente informalidad, operan mafias organizadas que explotan este sector, cobrando ilegalmente a vendedores y suministrando productos, como puede observarse en el caso de Estación Central. A pesar de los esfuerzos entre comunidad y autoridades, lugares como el Barrio Meiggs siguen siendo un foco de criminalidad, hasta el punto donde comerciantes legales se ven obligados a cerrar sus negocios debido a la cultura del crimen que prevalece.
La inseguridad se ha vuelto generalizada. Según una encuesta reciente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo sobre victimización en el comercio, el 61,8% de los encuestados admitió haber sido víctima de delitos, el mayor que ha tenido en la historia este indicador.
Este dato es de suma preocupación, más aun considerando que el 60,1% de los encuestados confiesa no estar denunciando los delitos y, del 77,6% que sí denuncia, señala no obtener los resultados esperados, lo que refleja como consecuencia una profunda pérdida de confianza en el sistema de investigación y de justicia. Cuando la gente no confía en que los delitos serán castigados, es menos probable que denuncie los crímenes, lo que favorece a los delincuentes.
Sin embargo, en medio de esta situación, también hay señales de esperanza. La reciente incautación de más de $1.200 millones en drogas y cigarrillos de contrabando por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) es un paso positivo para recuperar la confianza de la ciudadanía.
En un operativo denominado ‘operación Manchester’, un camión de alto tonelaje llevaba más de 473.000 cajetillas de cigarros extranjeros en calidad de contrabando y, además, ocultaba 26 kilos de marihuana a granel, cuyo destino final era la Región Metropolitana para su comercialización ilícita. A este se suma la ‘operación Cristal’, que duró poco más de un año en su investigación, y que logró la incautación de un cargamento de 48 litros de ketamina líquida, avaluada en más de $361 millones.
Para abordar esta crisis, existen consensos claros. Es necesario endurecer los controles en los ingresos al país, particularmente en los pasos fronterizos, para disminuir la entrada ilegal y reforzar la lucha contra el crimen organizado que opera detrás del comercio ambulante.
No podemos pasar por alto que la mayoría de los delincuentes no son individuos ocasionales, sino miembros de bandas del crimen organizado, dedicadas permanentemente a actividades ilícitas. Estas organizaciones han logrado, en ocasiones, continuar sus operaciones desde el interior de las cárceles, y debemos tomar medidas decisivas para evitarlo. Esto implica decomisar sus ganancias ilícitas y reducir su poder de fuego mediante incautaciones de armas.
El sistema debe ser eficaz en la prevención de actos delictivos y en el castigo a quienes los perpetran. La confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y seguridad es fundamental, y restaurar esa confianza requiere acciones concretas y enérgicas.
