La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de eliminar la ley de afirmación positiva, es decir, criterios que cautelan la inserción en universidades de personas diversas en su condición étnica, ha generado una interesante reflexión en Chile y otros países.
El tema, como la aplicación de cuotas en otros ámbitos, tiene diversas aristas y es oportuno abordar algunas de ellas, con referencia a la realidad nacional y particularmente en regiones.
Históricamente la educación superior chilena, con reconocidas excepciones, era el reflejo de la elite social y económica del país. En contraste hubo vastos grupos de personas que vieron dificultadas sus posibilidades de realización personal o desarrollo profesional por su condición socioeconómica, orígenes étnicos, género o inserción territorial.
La revelación creciente de estas inequidades llevó a que se impulsaran políticas públicas que han buscado reducir las condiciones de origen como factor de selección en el ámbito de la educación. En este esfuerzo las universidades regionales han jugado un rol principal.
Primero, fue la creación de instituciones de educación superior en diversas zonas del país. Así, con el empuje y compromisos de las comunidades locales, se crearon universidades en la zona sur, centro y norte, terminando el monopolio de Santiago y la obligatoriedad de trasladarse a la capital para adquirir una formación profesional.
Esto planteó el desafío de asumir las brechas de escolaridad que muestra el contexto interregional, como lo evidencian las pruebas PISA, SIMCE y de selección universitaria. En ellas como en muchos otros ranking, Santiago sobresale respecto de otras regiones. Se agrega que históricamente una parte de los/as mejores estudiantes de regiones optan por trasladarse a la capital. La conocida fuga de talentos que fortalece el centralismo.
Frente a esta realidad, y asumiendo el compromiso con las comunidades y sus condiciones sociales, económicas y territoriales, las instituciones han asumido y enriquecido el Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior. A los mecanismos y criterios nacionales han agregado otros específicos. Así, implementan programas PACE, propedéuticos, vulnerabilidad socioeconómica, ruralidad, género, mujeres líderes, discapacidad, pueblos originarios, artistas o deportistas talentosos, trabajadores, emprendedores jóvenes, zonas extremas, entre otros.
Para superar las brechas de escolaridad las universidades implementan cursos de nivelación, requiriendo un esfuerzo académico, administrativo y económico. Esto alarga los periodos de titulación, lo que injustamente es ignorado en la política de gratuidad que sólo cubre el periodo formal de cada carrera.
Gracias a sus esfuerzos y programas de inclusión, generaciones completas de personas transitaron de ser talentos ocultos a desarrollar sus habilidades, fortaleciendo las capacidades técnicas y profesionales de sus comunidades e impulsando la movilidad social de sus familias.
La Agrupación de Universidades Regionales (AUR), un año antes del mayo feminista, fue la primera en abordar el tema realizando diagnósticos y promoviendo asesorías para el desarrollo de unidades de género y de protocolos universitarios para abordar situaciones de acoso, discriminación y violencia. Las políticas e iniciativas de esas instituciones, consensuadas con estudiantes, funcionarios(as) y académicos(as), han servido de ejemplo a otras entidades regionales, como ha sido impulsar protocolos y paridad en cargos directivos.
La dimensión étnica, que ha evidenciado las insuficiencias de las políticas públicas y ha sido motivo de controversia constitucional, caracteriza a las universidades regionales. El tema ha impregnado sus programas docentes, de investigación, de extensión y vinculación con el medio. La región de la Araucanía es paradigmática; las personas provenientes de pueblos indígenas cubren alrededor del 25% de la matrícula en las instituciones pertenecientes a AUR.
El Chile rural, con mayores niveles de pobreza y peores indicadores en educación, salud y vivienda, tiende a ser ignorado en políticas de desarrollo. Sin embargo, ha sido una dimensión principal de las universidades regionales, particularmente acogiendo estudiantes de comunidades campesinas y rescatando sus valores, tradiciones y patrimonios.
Asimismo, la inclusión de personas con alguna discapacidad es un compromiso que se ha incorporado con fuerza en estas instituciones. Además de favorecer el ingreso de estudiantes en esa condición, se esmeran en cumplir la cuota (1%) de funcionarios(as) y académicos(as) que define la ley y también, contratando especialistas en las unidades de personal.
Finalmente, el acceso inclusivo y diverso a las universidades también se ve afectado por los costos de aranceles y matrícula. Si bien, esto ha sido aminorado por la política de gratuidad, es justo indicar que históricamente los valores cobrados por las universidades regionales son mucho más bajos que los de instituciones privadas o las radicadas en Santiago. En algunos años las instituciones regionales han tenido en promedio aranceles un 30% menores que en el resto de la academia.
Implementar estas políticas y programas ha significado complejidades académicas, administrativas y financieras para estas instituciones, pero gracias a ellos han cumplido la misión, valores y principios que las fundaron. Sin embargo, hay una cuestión subvalorada, inclusión y diversidad enriquecen su quehacer, pues asumen y no esquivan la universalidad de las realidades de su entorno.
Los esfuerzos de inclusión y diversidad que hacen las universidades regionales afectan su inserción en rankings internacionales, pero, en lo que es más importante, estas casas de estudios, al responder a los anhelos de sus comunidades son las instituciones más respetadas en las regiones chilenas. Nada más, nada menos
