El Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló al fallo del 24° Juzgado Civil de Santiago que condenó al fisco a pagar alrededor de $500 millones a los propietarios de la ex Fuente Alemana (hoy Antigua Fuente). El tribunal acogió parcialmente una demanda por falta de servicio durante el estallido social de octubre de 2019.
Cabe mencionar que la reacción del CDE se produce luego de la orden de pagar un total de $475.632.333, desglosado en $420.632.333 por concepto de lucro cesante. A ello se suman $15 millones para Claudio Siri Iglesias por daño moral. Por el mismo concepto, se resolvió que Carlos Siri Scolari recibiera $30 millones y su esposa, Paula Andrade Ifchenko, $10 millones.
Esta impugnación se concretó a fines de 2025 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el fin de que el tribunal revoque el fallo y rechace la demanda interpuesta por la familia Siri, quienes también presentaron una apelación. Estos últimos solicitaron que los montos de indemnización por lucro cesante sean reajustados desde el período en que se produjo el daño hasta el pago efectivo del resarcimiento.
CDE apela a resolución que ordena indemnizar a dueños de ex Fuente Alemana
Según consigna La Tercera, el CDE sostuvo que “la sentenciadora cae en el error de juzgar con la calma del espectador el rol que jugó el protagonista“.
Asimismo, planteó que la perspectiva de lo ocurrido, la adopción de decisiones y la evaluación de las múltiples variables son muy diferentes “cuando se hace bastante tiempo después de ocurrido los eventos, desde la comodidad de un escritorio y sin colocar en riesgo su integridad física”.
“Esta defensa fiscal ve con preocupación la forma en que la decisión jurisdiccional que por este acto impugnamos se aventura a colocar al Fisco como una suerte de ASEGURADOR UNIVERSAL de los administrados“, manifestó el CDE.
Por lo tanto, sostuvo que la resolución apunta a un “mecanicismo de responsabilidad objetiva” que no corresponde al contexto de la responsabilidad del Estado por falta de servicio, la que es de carácter subjetivo.
En esa misma línea, señaló que el fallo de primera instancia no precisa la conducta o el comportamiento exigible a Carabineros, al Ministerio del Interior u a otras autoridades. Por esta razón, afirmó que para acreditar la falta de servicio es “indispensable establecer con exactitud el estándar de conducta exigible al servicio“.
Igualmente, en su apelación el CDE sostuvo que “la presencia permanente de Carabineros, en caso alguno, aseguraba que la Antigua Fuente no fuere atacada”. Este argumento se sustenta en que durante el estallido social 544 cuarteles policiales fueron atacados, según el informe N°499, del 1 de octubre de 2020, del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros.
También ejemplificó su postura con el ataque a la Iglesia San Borja, que fue incendiada pese a contar con medidas de protección, y apuntó a la magnitud de la crisis social en la que ocurrieron los incidentes.
El CDE recalcó que la capacidad de los Estados para responder a fenómenos delictivos es “más limitada que la capacidad de la población para generar situaciones de caos y vandalismo”. En ese contexto, añadió que “no toda falta es sinónimo de falta de servicio” y que los recursos de los servicios públicos son limitados, además de que “su asignación obedece a prioridades que define privativamente la Administración, tarea que escapa de las competencias jurisdiccionales”.
La postura de la familia de los dueños de la Antigua Fuente
En su apelación, la familia Siri, representada por la abogada Josefina Escobar, del estudio Ovalle/Consejeros Legales, solicitó a la Corte de Apelaciones indemnizar por daño moral a Paula Cancino, Mauro Siri, Bruno Siri y Pablo Siri.
Asimismo, pidió que en la indemnización por lucro cesante se consideren los meses de noviembre y diciembre de 2019, además de enero, febrero, marzo, agosto y septiembre de 2020.
La familia Siri también solicitó modificar la forma de calcular el impacto de la pandemia por Covid-19, aplicando un descuento del 50% solo para el período comprendido entre agosto o septiembre de 2020 y abril de 2021, y no un 20% del total del período de falta de servicio que alegan.
De este modo, requirió que las cifras por lucro cesante sean reajustadas desde el período en que se produjo el daño hasta el pago del resarcimiento, el que, al momento de la sentencia, presuntamente alcanza los $924.478.211.
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