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El subprefecto jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), David Castro, explicó el negocio de las licencias médicas fraudulentas. Esto, en medio del operativo que dejó a siete personas detenidas por la emisión de estos documentos y a 318 funcionarios públicos a la espera de una formalización.

En conversación con el Expreso Bío Bío, el funcionario policial explicó que, “a través del informe de la Contraloría, donde se logró detectar que funcionarios públicos haciendo uso de licencias médicas, salieron al extranjero, y también algunos que con licencias médicas participaron en casinos, se genera una investigación”.

Además, detalló que hubo un trabajo coordinado entre la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, contando con información aportada por entidades relacionadas a la salud, como es el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

Y es que se emitieron 35.978 licencias, entre los años 2021 y 2024, de las cuales 26.559 fueron pagadas, ocasionando un perjuicio a Fonasa de $20,8 mil millones.

El mercado de las licencias fraudulentas y la caída de los médicos

Finalmente, luego del operativo, se logró la detención de seis médicos y un representante legal de un centro médico, todos vinculados a este mercado de licencias.

En cuanto al modus operandi, el subprefecto Castro explicó que, “como en casos anteriores, nos damos cuenta de que el paciente solicita una licencia a través de redes sociales, puede ser, del boca a boca: piden la licencia y después les llega a su WhatsApp u otro medio de comunicación”.

En ese sentido, el médico en cuestión emite una licencia por el tiempo requerido por la persona que la solicita, sin siquiea verificar si es que hay una afección de salud.

“Todos estos médicos emiten licencias tanto a funcionarios públicos como a personas privadas”, detalló.

En relación con cuánto cobraban, el funcionario de la PDI sostuvo que “entre $30 mil a 90 mil, va a depender de la cantidad de días. En el fondo, esto es un comercio, se vende un producto. Ellos son clientes más que pacientes”.

En esa línea, se estarían cometiendo los delitos de “falsificación de licencias médicas y fraude de subvenciones”, según dijo Castro, ya que “la persona que está recibiendo esta supuesta prestación médica, después recibe una subvención por los días no trabajados”.