Durante esta tarde se identificó a las ocho personas que están siendo formalizadas por asociación criminal, entre ellas siete funcionarios de la PDI —uno de ellos cumplía funciones de inspector hasta la semana pasada— y un civil. El Ministerio Público pide prisión preventiva.
Según la información constatada por La Radio, Cristóbal Machuca Padilla cumplía labores de inspector de la PDI hasta que renunció la semana pasada. A él se suman otros funcionarios actualmente suspendidos, con distintos cargos policiales.
Entre ellos se encuentran el subcomisario Felipe Burgos Gallardo, la subcomisaria Catalina Cáceres Cáceres, el inspector Diego Muñoz Pineda, el inspector Sebastián Illanes Cifuentes, la subinspectora Shiara Hernández Rocha y el agente policial Jaime Urrutia Rodríguez. A ellos, junto al inspector que renunció, se suma el civil Agustín Moreno Guidotti.
Delitos imputados a los funcionarios PDI detenidos
A todos los involucrados se les imputa asociación ilícita, malversación de caudales públicos, tráfico ilícito de drogas, receptación aduanera, tenencia ilegal de armas y municiones, falsificación de instrumentos públicos y obstrucción a la investigación.
Todos los ilícitos se imputan como cometidos en calidad de autores y en grado de consumado.
La Fiscalía Metropolitana Occidente pide prisión preventiva.
Hechos vinculados a las personas formalizadas
Respecto de los hechos investigados, uno corresponde a un procedimiento de noviembre de 2024.
En esa fecha había una orden de investigar por tenencia de armas. Los funcionarios imputados habrían realizado diligencias irregulares en Puente Alto y en bodegas de la comuna de Chépica, en la región de O’Higgins.
En ese contexto, se incautaron miles de cajetillas de cigarrillos.
Según lo expuesto por Fiscalía, los policías entregaron antecedentes falsos al Ministerio Público. Esto incluye el reporte de un número de causa inexistente y la entrega de las especies alrededor de un año después, con incongruencias en marcas, cantidades y documentación.
Parte del cargamento habría sido desviado.
El segundo hecho corresponde a un procedimiento del 12 de febrero de 2025, en el marco de un operativo en Cerrillos y Paine.
Los imputados participaron en la detención de personas vinculadas a una organización dedicada al contrabando.
No obstante, las cámaras del lugar demostrarían que los funcionarios de la PDI tenían acceso a un camión sin necesidad de forzarlo, pese a que entregaron antecedentes contrarios.
De más de 1.300 cajas de cigarrillos estimadas, solo se registraron 431, quedando más de 800 sin justificar.
Parte del cargamento habría sido apropiado con participación del civil Moreno Guidotti.
El tercer hecho investigado corresponde a un operativo del 25 de marzo de 2025.
En el marco de una orden de investigar por venta de drogas en Independencia, los funcionarios habrían montado una “compra controlada”, usando a un tercero reclutado por Moreno Guidotti.
Tras ingresar al domicilio, se incautaron de manera formal solo 13 kilos de marihuana, pese a que dentro del inmueble había cerca de 74 kilos, quedando una diferencia de aproximadamente 60 kilos que, según Fiscalía, fue entregada al civil detenido.
Además, se apropiaron de $5 millones en efectivo y de un teléfono celular.
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