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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Operativo policial simultáneo en la Región Metropolitana y Valparaíso desarticuló al "Cártel del Plomo", liderado por un matrimonio peruano que extraía y exportaba plomo de baterías de vehículos en desuso, generando ganancias millonarias y graves daños ambientales. La banda operaba desde 2016, evadiendo normativas ambientales y blanqueando dinero a través de una falsa empresa de reciclaje. Tras un operativo, la PDI detuvo a un total de 12 personas.

Un amplio operativo policial simultáneo en la Región Metropolitana y de Valparaíso terminó con la desarticulación del “Cártel del Plomo”, una banda criminal liderada por un matrimonio peruano que logró un patrimonio cercano a los $1.000 millones extrayendo y exportando plomo de baterías de vehículos en desuso para luego venderlas a empresas en Chile y enviarlas a Perú.

Según un reportaje de Canal 13, se sospecha que la banda operaba al menos desde 2016. Esta compleja red no solo les reportó ganancias millonarias, sino que también provocó graves daños ambientales en zonas cercanas a humedales.

La Fiscalía Metropolitana Sur confirmó que es una de las primeras veces en Chile que un delito base en el contexto medioambiental habilita la investigación por asociación criminal y lavado de activos.

Daño ambiental

La investigación policial se originó tras una denuncia realizada en noviembre de 2024 que reportaba camiones que descargaban baterías de vehículos y terminaban en grandes terrenos de Pudahuel.

El subprefecto Fabián Contreras, de la Brigada de Salud Púbica y Medioambiente, dijo que en ese lugar se “acopiaba de manera irregular, sin tener ninguna autorización, sin tener ninguna medida de seguridad, baterías o chatarras”.

En concreto, el modus operandi consistía en desmantelar las baterías para extraer el plomo.

“Tenemos videos en el cual nosotros observamos que literalmente rompían las baterías con un combo, con un martillo y el plomo escurría directamente al suelo”, detalló el subprefecto.

Estos terrenos utilizados para el acopio, transporte y procesamiento de las baterías de plomo se encontraban a tan solo metros de humedales. De hecho, en el lugar, la PDI confirmó que, tras los allanamientos, encontraron altos contenidos de plomo y azufre en el suelo, lo que afectó el acuífero del humedal San Luis.

El modus operandi

La banda, integrada por su mayoría de personas peruanas, estaba liderada por Néstor Chura Huanacuri y su pareja, quienes compraban baterías en desuso (pagando entre $180 y $200 por kilo), extraían y fundían el plomo en lingotes para luego venderlos a compañías en Chile y enviarlos a Perú, evadiendo la fiscalización ambiental.

La policía determinó que, a través de esta actividad, los líderes “lograron adquirir un patrimonio que no se condice con la actividad que ellos realizan y esto nos dio pie para la investigación de lavado de activos”. El capital estimado es cercano a los $1.000 millones.

Para blanquear el dinero y simular una fachada legal, el cártel creó una organización en enero de 2016 llamada la Recicladora Ecoplanet Limitada.Néstor, era quien justificaba los ingresos a través de esta sociedad, mientras que su pareja y Emilia Calderón -cuñada de pareja de Néstor- administraban los acopios, negociaban precios y retiros con proveedores.

Incluso, el líder de la organización llegó a extender sus operaciones hasta manejar 10 puntos de acopio ilegal en Pudahuel, Quilicura, Lampa, Cerro Navia y Valparaíso.

Más de 10 personas detenidas

Tras un operativo que implicó la ejecución de 14 órdenes de aprehensión y el allanamiento de 18 inmuebles, la PDI detuvo a 12 detenidos en total.

Entre los detenidos se encuentra Néstor, quien permanece en prisión preventiva junto a otras tres personas y arriesga una pena podría superar los cinco años y un día de cárcel.

Durante la captura de Néstor, él aseguró que “no hay una organización criminal” y que “todo es obra de Recimat“, una empresa autorizada para el reciclaje de baterías.

No obstante, la investigación policial indicó que la red utilizaba a compañías establecidas, como Recimat, para entregar las cargas de plomo con el fin dar una apariencia legal al material proveniente de acopios.

En esa línea, el medio citado contactó a la empresa y esta aseguró no tener antecedentes ni vínculo con los hechos, e insistió que su valor constituye la vía formal y autorizada para evitar la informalidad en el manejo de residuos peligrosos.