Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Ante las amenazas de "quemar" la Toma Dignidad para entorpecer su inminente desalojo, el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa diseñó un inédito plan de acción preventivo. El protocolo, al que accedió BBCL, busca mitigar el riesgo de incendio intencional en el campamento, que ya tiene un historial de siniestros. Pese a las intimidaciones, la Municipalidad de La Florida confirmó que el operativo de desalojo se mantendrá.
El Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa diseñó un inédito plan de acción preventivo para enfrentar un posible incendio intencional en la toma Dignidad, en el contexto del inminente desalojo de este campamento en La Florida.
La medida se da luego de que la Municipalidad de La Florida denunciara amenazas a través de redes sociales de “quemar” el asentamiento -ubicado entre el Canal San Carlos y la Quebrada de Macul- y la maquinaria para entorpecer el operativo.
BBCL tuvo acceso a un documento en el cual confirma que el plan responde directamente al riesgo de incendio provocado con la finalidad de entorpecer las labores de desalojo.
“Mediante publicaciones oficiales en RR. SS. e información proporcionada por el municipio, se hace de público conocimiento un riesgo de incendio intencional con la finalidad de entorpecer las labores de desalojo”, afirmaron.
Toma Dignidad
La toma Dignidad, que apareció en el año 2020, representa un desafío logístico y de seguridad considerable, lo que aumenta la preocupación ante un posible ataque incendiario.
El asentamiento está compuesto por entre 600 a 650 viviendas que albergan a aproximadamente 2.200 habitantes (unas 200 familias), organizadas mediante dirigentes escogidos por asamblea.
DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO
Según Bomberos, desde su creación se han registrado cuatro alarmas de incendio. El último siniestro ocurrido en noviembre de 2024, dañó alrededor de 50 viviendas.
El informe elaborado por el Departamento de Operaciones Contra Incendios de Bomberos, reconoce esta situación como una variable coyuntural única: el alto riesgo de un fuego intencional para sabotear el operativo.
De acuerdo al plan técnico, establece una sectorización operativa del asentamiento, dividiéndolo en tres zonas estratégicas (poniente, centro y oriente) con el fin de facilitar la llegada y despliegue de material mayor, definir accesos seguros y optimizar la respuesta en caso de emergencia.
Captura | Bomberos
La implementación de este plan de contingencia se suma a las dificultades del terreno, que ya había sido declarado zona de peligro inminente por riesgo de aluvión (Decreto Exento N.° 1774 de marzo de 2024).
El sector, ubicado entre las calles Las Perdices, La Quebrada y Las Fiscas, establece una condición de vulnerabilidad dual que es crítica para la planificación operacional.
“La convergencia de estos peligros naturales con el riesgo antrópico de incendio reviste una amenaza significativa“, detalla Bomberos.
La convergencia de estos peligros naturales con el riesgo antrópico de incendio reviste una amenaza significativa, implicando que cualquier operación de extinción se lleva a cabo en un entorno legalmente comprometido e inestable.
Amenazas y advertencias de ataque
Este protocolo se activa luego de que el municipio de La Florida presenta una denuncia formal ante el Ministerio Público por intimidaciones recibidas en redes sociales, las cuales comenzaron tras la confirmación del desalojo de la toma el pasado martes 30 de septiembre.
Las amenazas fueron emitidas desde una cuenta de Instagram con el nombre de “gogeta6969”, quien publicó mensajes directos, comentarios con insultos y amenazas de muerte en contra de funcionarios municipales.
Incluso, estos contenidos también incluyen advertencias de ataques con armas de fuego. Y, además de ello, se detectaron intenciones explícitas de quemar la maquinaria municipal que participará en el procedimiento.
Pese a la gravedad de los hechos, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, enfatizó que el municipio mantendrá el operativo de desalojo. Este se ejecuta conforme al plan coordinado con el Equipo de Asentamientos Precarios del SERVIU Metropolitano.
El plan incluye protocolos de seguridad, apoyo social y acompañamiento a las familias afectadas, según detalló el municipio.
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