El ministro de Salud, Enrique Paris, solicitó, con carácter de urgencia, dejar sin efecto la resolución que autorizó la fórmula de la Fiscalía para acceder a los correos electrónicos solicitados en el marco de la investigación por eventuales responsabilidades en las muertes por covid-19.
Esto, por las diligencias de entrada, registro e incautación de los emails del exministro de Salud, Jaime Mañalich, la exjefa de Gabinete, Itiziar Linazasoro y la subsecretaria Paula Daza.
La fórmula en cuestión permite a el Ministerio Público -mediante Lacrim y la unidad de Cibercrimen de la PDI- obtener dos copias forenses de la totalidad de los correos electrónicos de dichas autoridades
Sin embargo, Paris argumentó que es deber de la fiscalía “identificar cuáles son los hechos delictivos denunciados, por ejemplo, mediante términos o descriptores de búsqueda, y así cumplir con la exigencia impuesta por S.S.E., de hacer posible la vinculación de tales hechos con los correos electrónicos que pretende incautar”.
Por ello, acudió para dejar en evidencia una “flagrante contravención a la decisión del 15 de octubre, en la resolución dictada por el magistrado Patricio Álvarez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, ya que hace “caso omiso de la obligación de vincular los correos electrónicos que se pretende incautar, a la comprobación de los específicos hechos denunciados”.
De igual forma, acuasó al Ministerio Público de omitir la voz “únicamente”, y en su reemplazo solicita la “totalidad” de los correos, haciendo por un lado caso omiso de la controversia resuelta por S.S Excma., y desconociendo por otro, el sentido y alcance de la resolución”.
“Evidentemente, la referida resolución del 7º JGS., no guarda correspondencia con lo resuelto por S.S.E., al nuevamente autorizar el acceso total a los correos originalmente requeridos, sin exigir al Ministerio Público determinar y precisar cuáles de esos correos están vinculados únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados, limitante que la Corte Suprema expresamente estableció en su resolución de 15 de octubre”, agregó.
Por todo lo expuesto, solicitó a la Sala de la Corte Suprema decretar la “orden de no innovar, consistente en la suspensión de la autorización otorgada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago del día 16 de octubre de 2020, para la realización de la diligencia de entrada, registro e incautación de la totalidad de los correos electrónicos ya referidos, en dependencias del Ministerio de Salud y la empresa Entel, desatendiendo el tener expreso de lo resuelto por la Segunda Sala de esta Excma. Corte”.
En el reporte sobre la situación del covid-19, explicó que solicitó es que “se clarifique y especifique, con la máxima claridad posible, las preguntas o los correos electrónicos que debo entregar, porque en el fondo se llegó a pedir de forma masiva lo mismo que la Corte Suprema dijo que no, que tenía que ser muy específicamente”.
Afirmó que “obviamente así lo haremos, porque nosotros cumplimos con la justicia y cumplimos con lo que prometemos”.
“Los fiscales pueden entrar al Ministerio de Salud y sin embargo no van a la Plaza Italia”, cerró molesto.
