El Ministerio de Transportes gasta $5.300 millones anuales para reparar los buses vandalizados del Transantiago, rebautizado hace algunas semanas como RED.

Aquello equivale a 7,6 millones de transacciones o dos días y medio de operación total del modelo.

En promedio, cada día 15 máquinas son vandalizadas. En total, 3.919 buses se han visto afectados en los últimos siete años, es decir, el 61% de la flota total del sistema que actualmente se compone de más de 6.500 vehículos.

En marzo, los senadores Francisco Chahuán y Juan Pablo Letelier presentaron un proyecto de ley que castiga con cárcel a quienes dañen el transporte público o su infraestructura.

El texto fue aprobado ayer por la Comisión de Transportes del Senado cuyo presidente, el senador Francisco Chahuán, planteó que no solo se consideran daños en el Transantiago, sino también en los servicios de todas las regiones.

La Radio conoció durante esta jornada el caso de un graffiti hecho en el costado derecho de un nuevo bus oruga ecológico, presentado hace algunos meses por el Gobierno.

El rayado se realizó el pasado 3 de febrero en los terminales de Cerro Navia, de la empresa Metbus. Su reparación costó más de $3 millones.

El director del Transporte Público Metropolitano, Fernando Saka, aseguró que la salida de un bus de operaciones, por haber sido vandalizado, implica una reducción de un 14% en la frecuencia de ese recorrido.

El proyecto de ley que tipifica el vandalismo al transporte público como un delito busca establecer sanciones de cárcel en su grado mínimo que va entre los 61 y 301 días y multas de 20 UF, equivalente a casi $1 millón.

Según los datos del Gobierno, el año pasado el 61% de estos actos en buses estuvo ligado a eventos deportivos y manifestaciones, mientras que 1.850 conductores fueron agredidos.