El presidente Sebastián Piñera, en medio de la presentación del proyecto de ley de Aula Segura, se refirió a los hechos de violencia que se han registrado en algunos liceos emblemáticos emplazados en la región Metropolitana.

Dentro de los últimos hechos que han ocurrido en los establecimientos educacionales, ubicados en su mayoría en el centro de Santiago, se encuentra el enfrentamiento que sostuvieron estudiantes del Liceo de Aplicación con personal de Carabineros durante la semana pasada. Esta situación, que incluyó el lanzamiento de pupitres y bombas molotov, dejó a cinco funcionarios policiales con lesiones de diversa consideración.

A estos incidentes se suman los que se registraron durante junio en el mismo establecimiento y que dejaron al menos tres estudiantes detenidos tras otro enfrentamiento entre encapuchados y carabineros.

En tanto, en otro hecho que se registró durante el primer semestre de este año ocurrió en medio de una toma en el Liceo Amunátegui. En dicho establecimiento se registró un incendio que dejó con varios daños al inmueble y que provocó que los alumnos tuvieran que terminar su año escolar en el Liceo Gabriel González Videla.

En medio de la presentación del proyecto Aula Segura, el cual busca castigar de manera efectiva a quienes realicen hechos graves al interior de establecimientos educacionales, el Presidente señaló que “(actualmente) se permite que estos actos de violencia y delincuencia queden impunes”.

Sobre quienes han sido protagonistas de estas situaciones, Piñera sostuvo que es “un pequeño grupo de violentistas y delincuentes” quienes pretenden alterar la educación de calidad.

“No vamos a tolerar más esta situación y tomaremos las medidas que sean necesarias para que la paz, la tranquilidad y el ambiente propicio para la enseñanza regresen a nuestras escuela, liceos, y aulas”, añadió.

Además, el mandatario criticó que no se puede hablar de educación “si no se respetan las normas más básicas de convivencia y de la civilidad propia de cualquier comunidad”.

La idea de este proyecto es fortalecer las facultades de los directores de cada uno de los establecimientos en materias tanto de expulsión y de cancelación de matrícula en caso que se registren situaciones graves de violencia.