Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Consejeros regionales del Bío Bío solicitarán a la Fiscalía investigar posibles casos de enriquecimiento ilícito en el arriendo de casas fiscales a funcionarios públicos. La Contraloría emitió un instructivo para acabar con irregularidades en el uso de inmuebles estatales. En total, hay 130 propiedades del Gobierno Regional, detectándose anomalías en 25 casos. El gobernador denunció un incidente en el que un beneficiario arrendaba habitaciones de un departamento. Algunos cores destacan la necesidad de acciones legales, mientras otros cuestionan la urgencia del tema.
Consejeros Regionales (Cores) del Bío Bío pedirán al Ministerio Público investigar un posible enriquecimiento ilícito en el caso de las casas fiscales entregadas con un bajo arriendo a funcionarios públicos. El gobernador Sergio Giácaman ya denunció un primer caso, en donde el beneficiario arrendaba piezas del departamento.
La Contraloría General de la República (CGR) entregó la semana pasada un instructivo para poner fin a irregularidades en el uso de inmuebles estatales y que son entregados a empleados fiscales. En el Bío Bío, la Gobernación actualizó el año pasado el protocolo, tras un diagnóstico de las propiedades existentes en la región.
En total son 130 las casas y los departamentos que tiene el GORE, detectándose situaciones anómalas en 25, logrando la restitución de 8 e iniciando el mismo trámite con 17. El gobernador Sergio Giácaman destacó las medidas del ente contralor, algunas ya adoptadas a nivel local de manera adelantada.
Un caso fue denunciado a la Fiscalía por la autoridad, en el que se detectó que el beneficiario había juntado dos departamentos: en uno vivía él y el otro los arrendaba por piezas. Este antecedente, dijo el consejero Luis Santibáñez, podría ser la punta de iceberg y por eso la decisión de ejercer acciones legales.
Otro Core, Américo Mondaca, presidente de la Comisión de Seguridad, coincidió con su colega al subrayar en el lucro que podrían estar obteniendo algunos trabajadores beneficiados con inmuebles fiscales.
Sin embargo, no todos en el Consejo Regional comparten la urgencia del tema, deslizando Marcelo Rivera que podría estar intentándose desviar la atención con este tipo de denuncias, sin dejar de admitir que deba revisarse los casos.
Tanto en el GORE como en el CORE creen que hay personal de Carabineros, la PDI o la Armada, recién llegado a la región, quienes requieren de un lugar para vivir y hacia allá apunta la revisión de los 130 arriendos.
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