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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Investigación en curso por demanda de daño ambiental irreversible en estero Quilque, Los Ángeles, región del Bío Bío. PDI realiza acciones investigativas por denuncia del Codepala. Presidenta de Codepala declara ante la policía civil, ratificando daño ambiental tras trabajos de despeje en 2025. Municipalidad de Los Ángeles niega investigación penal, alegando reclamo civil por amparo de aguas.

En curso se mantiene una investigación respecto a la demanda interpuesta el año 2025 por daño medioambiental irreversible en el estero Quilque de Los Ángeles, región del Bío Bío.

Por disposición del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) ha efectuado una serie de acciones investigativas ante la denuncia interpuesta por el Comité de Defensa Patrimonial de Los Ángeles (Codepala) por daños a la avifauna y arbolado urbano luego de los trabajos de despeje, mandatados por el municipio angelino y efectuados con maquinaria en el estero Quilque.

En las últimas horas, la presidenta de Codepala, Nivia Riquelme, prestó declaraciones ante la policía civil.

“Para ratificar denuncia por daño ambiental irreversible en los trabajos realizados en marzo de 2025, de parte de la Municipalidad de Los Ángeles y su departamento medioambiental, en el cual no se toman las medidas de mitigación, plan de manejo y de conservación, arrasando con maquinaria pesada la avifauna y arbolado de Estero Quilque”, señala.

A ello, añadió: “Esta investigación está en curso, lo cual nos da una esperanza de que las instituciones están cumpliendo con la fiscalización y resguardo del medioambiente”.

La acción de demanda incluye a otros servicios públicos, vinculados a los trabajos efectuados en el lugar en 2025.

Radio Bío Bío consultó en la Municipalidad de Los Ángeles, donde se indicó que no existe una investigación penal en curso, sino un reclamo en el juzgado civil por amparo de aguas.

Agregaron que hubo una fiscalización en el lugar por parte de una entidad estatal y que, en el caso de la entidad edilicia, se abrió una investigación respecto a lo sucedido.