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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Parlamentarios de la provincia de Bío Bío expresaron su descontento por la demora en la investigación de posibles actos de corrupción en la Fiscalía y Juzgado de Garantía de Los Ángeles, que cumple casi dos años sin formalizados.

Con matices, parlamentarios de la provincia de Bío Bío lamentaron la demora en la investigación por posibles hechos de corrupción al interior de la Fiscalía y el Juzgado de Garantía de Los Ángeles.

La indagatoria pronto cumplirá dos años desde su inicio y aún no hay formalizados, siendo los imputados un exfiscal, un exdefensor penal, una magistrada y dos abogadas.

La semana pasada, el fiscal nacional Ángel Valencia, de visita en el Gran Concepción, confirmó que la Fiscalía Regional de Ñuble, a pesar de los dos años de diligencias que se cumplirán en marzo próximo, aún no tiene resultados sobre la posible filtración de investigaciones a dos abogadas casadas con un fiscal y con un defensor penal.

Al respecto, la diputada de la UDI, Flor Weisse, quien ha seguido de cerca el caso, señaló que esperaría que a estas alturas el Ministerio Público haya determinado, principalmente, la posible comisión de delitos por parte de los ahora exfuncionarios públicos indagados.

En lo administrativo, tanto el exfiscal, Rodrigo Durán, como el exdefensor jefe, Patricio Gutiérrez, fueron destituidos. Sin embargo, en la causa penal ellos no han sido formalizados, ni tampoco la jueza de Garantía, Cherie Palomera, cuya oficina en el tribunal fue allanada hace un año.

El diputado republicano, Cristóbal Urruticoechea, compartió las dudas sobre la lentitud de la pesquisa, pero no descartaría -dijo- que la fiscal Nayalet Mansilla —a cargo de la investigación— pudiera sorprender cuando dicte resoluciones.

Para transmitir la preocupación de la ciudadanía e insistir en la necesidad de respuestas del Ministerio Público, la diputada Weisse adelantó que pedirá una reunión con el fiscal Valencia.

En lo que coincidieron ambos parlamentarios es que sea la fiscal Mansilla quien determine formalizaciones antes de concluir su gestión en agosto próximo y no dejar el caso a otro persecutor, lo que -dijeron- retrasaría cualquier definición.