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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Una demanda fue presentada contra el Estado por el caso del interno decapitado en la cárcel de Concepción, denunciando negligencia de Gendarmería. Vincent González Aguirre fue asesinado por su compañero de celda Diego Valdés con armas blancas artesanales. Valdés fue formalizado por homicidio calificado, y la madre de la víctima, Glenda Aguirre, demandó al Estado por no proteger la vida de su hijo.

Una demanda contra el Estado fue presentada en el caso de interno decapitado en la cárcel de Concepción el año pasado, acción legal que denuncia por negligencia a Gendarmería. La acción legal se sustenta en que se mezclara una persona de bajo compromiso delictual con otro peligroso, y además no se fiscalizara la presencia de armas blancas en una celda.

Fue hace casi un año, el 9 de diciembre de 2024, cuando gendarmes del penal Bío Bío encontraron en la celda 21 del módulo 42 el cuerpo sin vida del interno Vincent González Aguirre. El hombre había sido decapitado por su compañero de celda, Diego Valdés San Martín, crimen que cometió con armas blancas artesanales encontradas por los guardias.

Hace dos semanas la Fiscalía formalizó a Valdés por homicidio calificado y ahora la madre de la víctima, Glenda Aguirre, decidió ejercer acciones civiles, apuntando a la falta de servicio del Estado, que, a través de Gendarmería, no resguardó la vida de su hijo, como lo explicó el abogado demandante Andrés Durán.

“La principal obligación de Gendarmería es atender y custodiar a las personas privadas de libertad. Esto no se cumplió”, señaló Durán.

La demanda denuncia que la negligencia del Estado se acredita ante la falta de segregación en la cárcel penquista, que mezcló a una persona de menor grado delictual, como Vincent González, de 27 años de edad, con un reo peligroso como el victimario.

Pero ademas, subrayó el abogado querellante, está la falta de fiscalización que permitió a Diego Valdés tener en su poder armas blancas.

“Hay un incumplimiento de las normas por Gendarmería sobre las normas de clasificación de los internos, así como no deben haber cuchillos en las celdas”, sentenció el jurista.

La demanda indemnizatoria está en proceso de notificación al Consejo de Defensa del Estado. La reparación económica demandada por la madre del interno asesinado asciende a 280 millones de pesos.