Locatarios quedan en prisión preventiva por liderar banda dedicada al robo de cobre Bío Bío

En prisión preventiva quedaron 3 de los 17 imputados investigados por integrar una banda dedicada al robo de cobre en la región del Bío Bío. Dentro de los acusados hay dos hermanos comerciantes, sindicados como los líderes de la agrupación.

Se trata de los hermanos Marcela y Fabián Chaur Torres, locatarios coronelinos dedicados al rubro de la chatarrería, venta y compra de metales, ubicados en Villa Mora y Lo Rojas, respectivamente. A ellos se les suma uno de los hijos de este último, Felipe Chaur Sáez.

La mujer fue formalizada por los delitos de asociación delictual, lavado de activos y delitos tributarios. Mientras que su hermano está imputado por asociación ilícita, lavado de activo y cuatro delitos de receptación; uno de ellos, en flagrancia, ya que al momento de su detención fue sorprendido con cables de cobre, cuya procedencia no pudo acreditar, según se expuso en la audiencia.

El hijo de este último fue formalizado por lavado de activos y tráfico de drogas. De acuerdo con la investigación, habría recibido vehículos de su padre con la finalidad de ocultar los bienes. Sobre la infracción a la ley 20 mil de drogas, es por la incautación en su domicilio en Concepción de un sistema de cultivo indoor de cannabis, junto a tres frascos con cannabis sativa a granel, con un peso total de 149,04 gramos, y 25 plantas de marihuana.

Locatarios de Coronel lideraban organización

La fiscal Carmen Luz Flores, de la Unidad de Análisis Criminal, detalló que ambos hermanos “cumplen funciones de jefatura y de mando de la organización con la finalidad de abastecerse mediante la compra-venta de grandes cantidades de cobre de origen ilícito”.

Del resto de los integrantes de esta banda, los 14 formalizados restantes, se informó que cumplían diferentes roles, desde testaferros, brazos operativos y los encargados de concretar los robos de cobre. Ellos quedaron con cautelares que van desde el arresto domiciliario total, arraigo nacional, arraigo provincial y firma quincenal.

Los robos afectaron a empresas como Movistar y Frontel, cuyas compañías presentaron las denuncias y son querellantes en esta causa.

También es querellante el Servicio de Impuestos Internos debido al perjuicio fiscal por declaración maliciosa o incompleta a la renta, cuyo monto bordea los 12 millones de pesos.

Según el Ministerio Público, los hermanos propietarios de los locales establecidos recibían los cables y los comercializaban, mientras que el dinero de estas ventas era recibido por terceros.

Otro elemento importante es que algunos de los imputados utilizaban su condición de trabajadores de empresas contratistas y sus conocimientos en el área para sustraer el cobre que después era comercializado.

El Juzgado de Garantía de Coronel decretó un plazo de 120 días para la investigación de este caso.