Las dependencias de la Fiscalía Local de Los Ángeles fueron allanadas. En simultáneo, se están realizando entradas y registros a domicilios de abogados que defienden a narcotraficantes.
La Fiscalía Regional de Ñuble investiga posibles conflictos de interés entre un fiscal de Los Ángeles, en la región del Bío Bío, y abogados que defienden a narcotraficantes.
En ese contexto, esta jornada se efectuó un allanamiento simultáneo a dependencias del Ministerio Público y domicilios de abogados en la capital de la provincia de Bío Bío.
Se emitieron órdenes de entrada de registro a inmuebles y viviendas. Estas acciones son parte de las diligencias de una investigación de carácter secreta.
A pesar de los intentos de Radio Bío Bío de obtener una versión en Los Ángeles, no se recibieron respuestas y todo fue derivado al departamento de Comunicaciones.
Mientras que desde la Fiscalía Regional de Ñuble se informó que “se trata de una investigación a cargo de la Fiscal Regional, Nayalet Mansilla Donoso; que ha sido declarada secreta, por lo que hay impedimento legal de informar al respecto”.
Asimismo, añadieron desde el Ministerio Público de Ñuble que “las diligencias las realiza un equipo de fiscales de dicha fiscalía regional”.
Antecedentes de la indagatoria
De acuerdo con los antecedentes que maneja La Radio, la indagatoria se centra en: el fiscal Rodrigo Durán Fuica, quien está casado con la abogada Andrea Romero Jara, quien tiene una oficina particular con su socia Susana Cortés Karmy.
Esta última es quien está casada con el Defensor Local Jefe -de la Defensoría Penal Pública-, Patricio Gutiérrez.
Es en este contexto que se estarían investigando eventuales conflictos de interés de información que pudiese favorecer a los clientes de las abogadas, entre ellos, narcotraficantes e imputados ligados al crimen organizado.
Defensoría Penal Pública se desliga de indagatoria
Tras el allanamiento efectuado a la Fiscalía local de Los Ángeles sobre posibles vínculos de un persecutor con narcos, la Defensoría Penal Pública se desligó completamente de cualquier relación con el caso.
A través de un escueto comunicado, señalaron que ésta no involucra al organismo ni a sus funcionarios.
“Las diligencias realizadas, en el contexto de una causa declarada como reservada para todos los intervinientes, comprendió oficinas y viviendas de abogadas que ejercen de manera particular en la provincia del Bío Bío”, detalla la misiva.
Asimismo, sostiene que “la indagatoria realizada en sus domicilios se limitó al ámbito de su ejercicio privado y no tuvo relación con casos representados por la Defensoría Penal Pública del Bío Bío”.
