Tras la solitud de la Defensoría Penal Pública, el Juzgado de Garantía de Concepción estableció un plazo de 12 meses para que el Ministerio Público decida la formalización en contra de Camila Polizzi, imputada en la arista Fundación En Ti del Caso Convenios, por la malversación de $250 millones entregados por el Gobierno Regional (GORE) del Bío Bío a la entidad.
El Juzgado de Garantía de Concepción fijó un plazo de 12 meses para que el Ministerio Público decida la formalización o no de Camila Polizzi, imputada en la arista Fundación En Ti del Caso Convenios.
La decisión del tribunal se estableció a partir a la audiencia solicitada por la Defensoría Penal Pública, la cual se dio luego de la solicitud presentada por el defensor Pablo Ardouin, respecto a este plazo de investigación.
Además, la decisión obliga también al Ministerio Público a informar detalladamente los delitos por los que está siendo investigada Camila Polizzi.
En ese sentido, la fiscal María José Aguayo, encargada de la investigación, señaló que la excandidata a diputada, como responsable de la Fundación En Ti para obtener del Gobierno Regional (GORE) del Bío Bío $250 millones, está siendo investigada por varios delitos.
Por lo anterior, algunos de los ilícitos van desde: fraude al fisco; falsificación de documentos; usurpación de personas a través de firmas -como la de Gerardo Silva (representante de la fundación)-; además del desvío de fondos y la no ejecución del programa para el cual estaban destinados los recursos públicos.
Así las cosas, el juez Carlos Aguayo resolvió que la investigación era procedente, así que la fiscal informó qué se está investigando y los delitos que estarían vinculados a ello.
Juzgado resolvió autorización de medidas intrusivas
La audiencia también abordó la solicitud de nulidad que realiza la Defensoría, respecto a los allanamientos y también el levantamiento del secreto bancario decretado no sólo para Camila Polizzi, sino que también para quien fuera su pareja, Sebastián Polanco; y su hermano, Diego Polanco.
Respecto a estos últimos, todos investigados también en la indagatoria iniciada de oficio por el Ministerio Público en Concepción.
En este punto, el juez resolvió que la autorización de las medidas intrusivas (la revisión de cuentas bancarias y el ingreso a domicilios) se ajustó a derecho, por tanto, no había ilegalidad.
Investigación definirá delitos
Los delitos precisos serán definidos, pero claramente se desprende que podrían ser la negociación incompatible, la falsificación de documentos, la usurpación de identidad a través de firmas falsificadas y el fraude al Fisco, aunque sin descartar otros, subrayó la fiscal Aguayo.
“La calificación de delito es justamente la calificación, es lo que se está realizando. Son en general delitos de corrupción, pero también habría o podría haber la comisión de otros delitos para poder defraudar a al Gobierno Regional”, manifestó la persecutora.
El defensor Pablo Ardouin se mostró satisfecho con la resolución que entregó detalles de la investigación y que fijó el plazo de un año para decidir la formalización. Lo anterior, a pesar de no haber conseguido anular las pruebas obtenidas por el Ministerio Público con los allanamientos y el levantamiento del secreto bancario respecto de Polizzi, su ex pareja Sebastián Polanco y del hermano de éste, Diego Polanco.
“Lo que buscaba la Defensoría es que se informara de los hechos y se le fijara un plazo al Ministerio Público para formalizar la investigación. Ambos objetivos fueron logrados por la defensa. Se tuvo que informar por la fiscal cuáles son los hechos investigados y se le fijó un plazo para formalizar la investigación. Nosotros esperamos un plazo menor, pero bueno, el Tribunal dio sus razones y por lo menos existe un plazo ya fijado“, expuso.
Luego de un debate entre ambos organismos, el juez Carlos Aguayo accedió al requerimiento de la Defensoría y obligó a la persecutora a dar cuenta de los hechos investigados, que tienen que ver con la forma en que Polizzi usó la fundación para obtener los $250 millones del Gore Bío Bío; el uso de los dineros y en definitiva el modus operandi que habría permitido a la imputada defraudar al Gobierno Regional.
