El intendente del Bío Bío, Jorge Ulloa, afirmó este viernes que contestó “de todo” en la Fiscalía Regional por la indagatoria del Caso Asipes.

Desde las 9:30 y por casi cuatro horas declaró el intendente Ulloa en el caso por financiamiento ilegal de la política.

En este, que deriva de la causa Corpesca, se indaga la facilitación de boletas falsas y su relación con la tramitación y aprobación de la Ley de Pesca.

Fui convocado en calidad de testigo y, como nadie está por sobre la ley, estuve respondiendo las consultas que se me hizo por parte de la señora fiscal
- Jorge Ulloa, intendente del Bío Bío

En particular, Ulloa acudió en calidad de testigo tras la orden de la persecutora regional, Marcela Cartagena.

“Fui convocado en calidad de testigo y, como nadie está por sobre la ley, estuve respondiendo las consultas que se me hizo por parte de la señora fiscal. Tiene que ver con los temas de la Ley (de Pesca) básicamente. Muchas preguntas vinculadas al tema de la pesca”, aseguró Ulloa.

Al ser consultado sobre las boletas emitidas por asesores, Ulloa respondió que le preguntaron y contestó “de todo”.

De acuerdo a fuentes de Radio Bío Bío, si bien muchas personas relacionadas con la causa están siendo llamadas a declarar como testigos, las diligencias del Ministerio Público tienen como objetivo determinar su relación con ilícitos y así evaluar si pasan a ser imputados.

“Mi sensación es que esta es una materia sobre la cual existe interés de la Fiscalía de darle término, y en ese sentido me parece muy correcto que se llegue a una resolución final”, dijo el intendente.

Marcela Cartagena expresó recientemente que durante el primer semestre de este año debería tomar decisiones sobre el futuro de la causa.

En los próximos días declararía el actual diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Sergio Bobadilla, y el exjefe de la Subsecretaría de Pesca, Raúl Sunico, en relación a los dineros que la industria aportó a las campañas de distintos candidatos a la Cámara de Diputados, quienes luego intervinieron en la promulgación de la cuestionada Ley de Pesca.

Según fuentes de la investigación, se ve difícil la imputación de algún tipo de delito por esta causa debido a que las fechas de emisión de las boletas estarían entre 2009 y 2012, con lo que podría estar prescrita la responsabilidad penal por el delito de cohecho respecto de parlamentarios.