Fiscalía indica que amigo que usó tarjeta de piloto muerto hizo 12 giros de entre $200 mil y $800 mil

El fiscal jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo, entregó más detalles de la formalización de Iván Alfonso Taum Aros por el delito reiterado de uso no autorizado de tarjetas de pago que eran de propiedad de su amigo, el piloto Fernando Tapia, que murió en un accidente aéreo el 29 de octubre.

Tras el deceso del piloto, fue su familia la que descubrió compras y giros que se habían realizado con su tarjeta, por lo que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía.

Es así que se inició una investigación donde se estableció que el responsable era un “amigo” de la víctima. De esa forma, este martes en el Juzgado de Garantía de San Felipe se efectuó la audiencia de formalización de cargos, donde Taum quedó con arraigo nacional y firma mensual.

12 giros con tarjeta de piloto fallecido

Al respecto, el fiscal Fajardo explicó que el uso fraudulento de la tarjeta bancaria fue reiterado entre fines de octubre y principios de noviembre.

Según explicó el persecutor, Tapia le había facilitado voluntariamente la tarjeta para realizar compras y, por ende, también le entregó su clave. No obstante, tras la muerte del piloto, el imputado no entregó la tarjeta a la familia y, haciendo uso indebido, hizo giros y compras.

“Son cerca de 12 giros los que hemos contabilizado y compras en supermercado y en una tienda de deportes por diversos montos, de 29 mil pesos, 200 mil pesos; y giros desde los 200 mil hasta 800 mil pesos”, detalló el fiscal.

Esta situación fue reconocida por Taum, aunque sin precisar por qué tomó la decisión de usar sin autorización la tarjeta.

El fiscal explicó que si una persona autoriza el uso de su tarjeta para un hecho puntual, no se puede utilizar en compras o giros extras a los especificados previamente.

En el caso puntual del acusado, la usó el mismo día del fallecimiento del piloto, el 29 de octubre, además de los días 4, 5 y 6 de noviembre.

El imputado podría llegar a un acuerdo con la familia con la reparación y reintegración de los montos sustraídos. En caso de que eso no ocurra y sea condenado, arriesga penas que van de los 541 días a los 5 años de cárcel.